El nuevo Código Ambiental ya genera debate en el Concejo

La iniciativa que busca penar con arresto o multas faltas ambientales y las reacciones en el oficialismo y la oposición
La presentación formal del proyecto para crear en el ámbito local un Código Contravencional Ambiental ya disparó posiciones y cruces de opiniones entre sectores del oficialismo y la oposición en el Concejo Deliberante, a donde fue girada la iniciativa que prevé fuertes multas y penas de arresto para quienes cometan faltas graves en esta materia.

El proyecto, como adelantó este diario, busca castigar a particulares o empresas que arrojen residuos en la vía pública, en terrenos o en cursos de agua, a los que poden árboles o saquen su basura sin haber hecho la separación de origen, entre otras figuras. Pero también prevé penas para quienes propicien "alteraciones sonoras" o por producir exceso de humo en escapes de autos y camiones.

Mientras el proyecto era girado al Concejo, voceros del bruerismo explicaron que esta decisión de endurecer los controles en esta materia "forman parte del compromiso de esta gestión por el cuidado del medio ambiente, que pretendemos que sea un sello de esta administración". "Esto no termina en el Código sino que buscamos que continúe con una política seria de tratamiento de la basura domiciliaria como en ningún otro distrito se ha hecho", agregaron.

Más allá de las consideraciones del oficialismo -que el viernes último presentó el proyecto durante un acto encabezado por Bruera y el titular de la Agencia Ambiental, Sergio Federovisky- en el Concejo Deliberante esperan las copias del voluminoso expediente para empezar a discutirlo y, en algún caso, fogonear modificaciones a la norma.

Desde el arco opositor ya surgieron, en paralelo algunas voces. "En principio nos parece que es algo que debemos apoyar pero veremos que pasa cuando podamos acceder al expediente y ver la letra chica", señalaron ediles de ese sector.

SUAVIZAR O ENDURECER

La expectativa por la recepción del proyecto de CCA, no sólo flota en la oposición sino también en el oficialismo donde, según trascendió, habría posturas diferentes respecto de algunos puntos del articulado y dudas de índole legal. "Hay concejales que creen que las sanciones que se proponen en el CCA se deberían suavizar un poco, sobre todo las vinculadas a los vecinos que tiren basura o no respeten normas sobre la limpieza urbana", dijo una fuente de la comisión de Ecología que encabeza la edil bruerista Sabrina Rodríguez.

En sentido, otra fuente oficialista planteó dudas sobre la aplicabilidad de algunos artículos que contiene el proyecto de CCA como, por ejemplo, la imposición del arresto por hasta un máximo de 60 días "en establecimientos de la policía de la Provincia o dónde disponga el Juzgado Contravencional Ambiental", como se señala en el expediente.

"Nosotros en principio vamos a apoyar, pero primero hay que ver muy bien el articulado y hacer muchas consultas para no aprobar una norma que nos haga caer en la inconstitucionalidad", expresó otra fuente de esa misma comisión pero de un sector del arco opositor identificado con partidos del Acuerdo Cívico y Social.

En tanto, desde otra punta del espacio no oficialista, fuentes alakistas adelantaron que sus avales estarían condicionados a que "el Municipio se comprometa a predicar con el ejemplo". Y reiteraron sus críticas por la forma en que el Ejecutivo ha resuelto la disposición de pilas y baterías -considerados residuos tóxicos- colocándolos en contenedores al aire libre, cuestión que generó polémicas en la última sesión del Concejo Deliberante.

Por su parte, fuentes de los bloques relacionados con el espacio Macri- De Narváez-Solá, adelantaron algunos apoyos al proyecto de CCA pero también expresaron condicionamientos. "El código que se pretende aprobar es duro para con los que contaminan y nos parece muy bien, pero el Estado se tiene que comprometer a tomar medidas hacia adentro", dijeron.

JUZGADOS

El proyecto impulsado por la gestión municipal contempla que los delitos ambientales contenidos en el Código sean analizados por un juzgado a crearse y que las penas de arresto se cumplan en establecimientos policiales o donde ese tribunal lo disponga.

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