Las citadas obras se llevan a cabo en el sector norte de San Luis, a metros de las 212 Viviendas Productivas, y en el extremo sur de Villa Mercedes, en el ejido del Complejo Urbanístico La Ribera, donde pronto comenzarán a levantarse 500 casas en cada una de estas ciudades.

Las primeras tareas tienen que ver con el desmalezado y limpieza de los predios, como también la nivelación del sueño y las mediciones de los lotes, es decir el preparado del terreno para que las cuadrillas de constructores puedan disponerse a iniciar las edificaciones propiamente dichas.

Mientras esto sucede, desde el Ministerio de Inclusión Social y Política Habitacional, a través del Plan de Inclusión Social, se arbitran los medios mediante los cuales sus trabajadores con experiencia en construcción se irán sumando a las firmas adjudicatarias. De esta manera el citado organismo cumple con la premisa de generar acciones para que los beneficiarios accedan a trabajos en el sector privado con mejores salarios.

Cabe destacar que dicha modalidad fue establecida en el decreto correspondiente que firmara el gobernador de la Provincia, CPN Claudio Poggi, con el doble fin de brindar oportunidades al personal de Inclusión, como también colaborar con las empresas ante la enorme demanda de trabajadores, consecuente de las cuantiosas obras enmarcadas en la política habitacional.

Si bien los tiempos fijados por el gobierno de la Provincia estimaban que las obras estarían iniciándose en marzo, la celeridad que se le imprimió a la operatoria permitió adelantar un mes los plazos primarios, con lo cual se procedió a los procesos de adjudicación con las firmas constructoras y, a la vez, la preadjudicación de las primeras 1.000 familias.

Por otra parte, el gobernador Poggi exhortó públicamente a que los futuros complejos habitacionales estén listos en 300 días, con lo cual se pueda proceder a la entrega de viviendas en vísperas de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Sumando estas dos primeras tandas de Villa Mercedes y San Luis, surge que más de 5.700 personas tendrán en menos de un año su casa propia, tratándose en principio de familias numerosas con cierto índice de vulnerabilidad económica y con familiares directos que padecen alguna incapacidad, factores estos que se ajustan a la premisa de aplicar la justicia social en cuanto al orden de prioridades.