El jueves 7 de junio, el Jury de Enjuiciamiento decidirá si acepta o rechaza la presentación contra el fiscal de Estado Joaquín de Rosas.

Como suele suceder en estos trances hay quienes quieren salvar al acusado y hay quienes quieren hundirlo.

Lo concreto es que los denunciantes ya preparan la próxima acusación contra De Rosas, en caso de que el Jury rechace la causa: la próxima presentación será el caso de las cámaras de seguridad instaladas en las calles de Mendoza.

En este caso, también el fiscal de Estado nunca tuvo objeciones y la empresa que ganó la licitación es Arlink SA, otra empresa del Grupo Vila-Manzano.

En las denuncias contra De Rosas que actualmente analiza el Jury de Enjuiciamiento hay cuatro causas, dos de ellas se refieren a la actuación del fiscal beneficiando supuestamente al grupo Vila-Manzano.

Se trata de los casos de la renegociación del contrato de concesión de las tragamonedas a Mendoza Central Entretenimientos (en la que tiene participación Daniel Vila) y el de la expropiación de terrenos en el pedemonte para crear la reserva Divisadero Largo.

Por esa expropiación, Dalvian y el propio Vila cobraron diez veces más que el resto de los propietarios de terrenos que también fueron expropiados.

El caso de las cámaras de seguridad es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Complejos que comanda Santiago Garay. El expediente para la contratación de ese sistema arranca en diciembre del 2008, cuando el ministro de Seguridad era el actual vicegobernador Carlos Ciurca.

Ciurca fue ministro de Seguridad hasta diciembre del 2009, cuando pasó a Desarrollo Humano. Su reemplazante en Seguridad, Carlos Aranda, aún sigue siendo el titular de esa cartera y fue el encargado de otorgarle las ampliaciones de la cobertura de cámaras a Arlink.

El problema es que, cuando empezó a sustanciarse el expediente, se sancionó la ley de emergencia 7.987, por lo que técnicamente no hubo una licitación, sino que el mecanismo fue compra directa.

El 18 de junio de 2009 aparece en el expediente la preadjudicación por $ 8.299.246 a Arlink.

El 17 de julio De Rosas expresa: "que no tiene objeciones que formular a la contratación directa que en estos obrados se tramita". Entonces, el 23 de julio de 2009 se firma la resolución 1.859, adjudicando el servicio a Arlink SA.

Sin embargo, de acuerdo con la presentación judicial, aparecen algunas objeciones que deberían haber sido observadas por De Rosas, como por ejemplo el hecho de la provincia contrató el servicio con una empresa que tendría una deuda con la AFIP de 40 millones de pesos, por lo que la empresa Arlink no podría haber sido contratada por ningún organismo del Estado.

De acuerdo con las presentaciones de la empresa en la compulsa surge que el directorio de Arlink es presidido por Daniel Vila y está integrado por Alfredo Luis Vila Santander, y José Luis Manzano y la sede está ubicada en Lisandro de la Torre 150 de ciudad.

De acuerdo al propio pliego de condiciones de la compulsa para la contratación del servicio, se establecía que las aspirantes debían presentar información patrimonial actualizada, que no debía exceder los seis meses de antigüedad.

Arlink presentó un balance anterior a ese plazo: el informe del balance fue firmado el 28 de abril del 2008; mientras que la apertura de sobres de la compulsa fue el 7 de mayo del 2009, un año después.

En la presentación de Arlink tampoco había notas de los proveedores que se invocaban, que probaran el vínculo que la empresa del grupo Vila-Manzano decía tener.

Lo llamativo es que, una vez eliminada la competencia y después de la preadjudicación, una de las competidoras que perdió, Patagonia Green, aparece como operadora del sistema.