Esta vez, corte de ruta de por medio, el gobierno de Daniel Peralta tuvo que transferir fondos para el pago de salarios atrasados de las empleadas de Minera 3 Cerros.

Si bien las denuncias por irregularidades se vienen dando hace meses, en la jornada de ayer un grupo minúsculo de mujeres que en alguna oportunidad integraron el staff de Empasa, la empresa de remediación ambiental, cortó la Ruta 3 en reclamo de sus haberes.

El piquete se instaló en horas de la mañana en el acceso norte a esta ciudad costera y no habían transcurrido cinco minutos, cuando personal policial y de Infantería se acercó al lugar para advertir la inminencia de un desalojo.

En el medio, habiendo corrido la noticia rauda hacia la ciudad capital, diversos funcionarios se comunicaron con las mujeres, entre ellos colaboradores del ministro de la Jefatura de Gabinete, Pablo González, quien hace tres semanas había advertido a los dueños de la minera de retirarles el contrato en caso de no haber mejores condiciones. En total son cerca de 23 las mujeres que pasaron con cinco años de antigüedad desde Empasa a Minera 3 Cerros, empresa que los contuvo tras que la firma de remediación ambiental fuera desarticulada para convertirse en otra empresa que dejó afuera a decenas de caletenses.

Así las cosas y buscando que no queden a la intemperie, el Estado santacruceño instrumentó los mecanismos de ingreso de este grupo de mujeres ante Juan Garabaglia, el responsable de la minera.

Pero sucede que en el mes de febrero la firma dejó de hacer los aportes, es por eso que las mujeres dejaron de percibir sus asignaciones y comenzaron también los retrasos en el pago de los haberes, hasta que, finalmente, el mes pasado no se cobró.

Tras las comunicaciones que dieron lugar a la negociación, las mujeres continuaron las tratativas a la vera de la ruta, despejando la cinta asfáltica, hasta que finalmente la Subsecretaría de Trabajo las convocó a la sede laboral para firmar un acta acuerdo.

Lo llamativo es que aduciendo la minera no contar con los fondos para afrontar los sueldos, la provincia, al igual que el miércoles con el conflicto de estibadores y Conarpesa, debió salir a cubrir la deuda con las trabajadoras.

De este modo, el Gobierno provincial se comprometió a trasferir los sueldos en el orden de los 4.500 pesos para cada operaria en las próximas horas, los cuales serán remitidos a la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, que se hará cargo de hacer el pago entre hoy y el lunes. Según indicaron a este diario, la suma total fue conferida en calidad de préstamo, por cuanto la minera debería devolver el dinero.