La nueva ley provincial de salud mental, aprobada en octubre de 2010, aún no parece estar vigente en el sur cordobés. La normativa se encuentra en consonancia con la legislación nacional y promueve un nuevo paradigma centrado en la desmanicomialización; la intención es priorizar la inclusión de los pacientes con problemas psiquiátricos evitando su internación. Para ello, la Provincia debía crear organismos y programas que articularan la atención y la prevención con las distintas entidades involucradas, además de destinar recursos para lograr un abordaje integral.

Hasta ahora, ninguna de estas acciones parecen haberse implementado en la ciudad y la región.

El panorama trazado por el Área de Salud Mental del hospital local, el Colegio de Psicólogos de Río Cuarto y la Municipalidad indica que la sanción y reglamentación de la ley 9848 no ha provocado ningún cambio a nivel local.

La normativa establece que las distintas instituciones y profesionales de la salud mental deben trabajar de manera articulada e interdisciplinaria para lograr una atención integral de los pacientes en los distintos niveles de asistencia.

Además, dispone la derivación de recursos para que los municipios puedan abordar esta problemática en los centros de atención primaria de la salud evitando que los pacientes sean internados innecesariamente. A su vez, establece la necesidad de crear dispositivos alternativos para la contención del paciente.

A ello se suma la obligación del Estado de difundir a la población y a los pacientes sus derechos así como las implicancias de este nuevo paradigma, que alcanza tanto a las instituciones públicas como privadas.

En contraste con estas exigencias, el presupuesto destinado a salud mental por parte de la Provincia ha disminuido en los últimos años, los recursos y el personal con que cuenta este servicio en Río Cuarto, dependiente del Hospital San Antonio de Padua, ni siquiera puede responder a la demanda que se le presenta actualmente, y las instituciones consultadas por este diario nunca fueron convocadas para participar en la implementación de este proceso.

“No hay elementos que indiquen que la ley se esté implementando. Hay avances por el esfuerzo del personal, de instituciones y municipios. Vamos haciendo lo que podemos pero la ley no se ha implementado”, dijo Gloria Jure, jefa del Servicio de Salud Mental del hospital local ubicado en la zona sur de la ciudad.

Por su parte, la secretaria general del Colegio de Psicólogos de Río Cuarto manifestó: “Tenemos una ley que es un gran avance en términos de salud mental pero faltaría ponerla en práctica. Y para eso hace falta trabajar más entre los distintos sectores, desde el área local, provincial, municipal, que los distintos sectores de salud se interrelacionen y generen alternativas”.

En tanto, el subsecretario de salud municipal Gabriel Abrile expresó: “La ley es muy linda, pero si esto no se acompaña de medios económicos es complicado aplicarla”.

El rol del Estado en el nuevo paradigma

La ley provincial de Salud Mental fue sancionada un mes antes que la legislación nacional que regula esta temática y ambas establecieron un nuevo paradigma que brinda mayor autonomía al paciente, priorizando su inclusión en la sociedad y evitando la estigmatización que conlleva la internación.

“El cambio de paradigma implica que una persona con un trastorno psiquiátrico, psicológico, es una persona con un padecimiento, no es alguien a estigmatizar y excluir”, indicó la psiquiatra Gloria Jure.

Y añadió que en ese marco lo que se busca es evitar la internación permanente y en su lugar disponer tratamientos adecuados para cada caso.

“Por eso la idea es que lleguen cada vez menos personas a servicios monovalentes como el nuestro y se pueda atender en dispensarios, en hospitales generales y tener programas en donde se trabaja en la prevención y la reinserción”, dijo.

Incluso, tanto la ley provincial como la nacional prohíben la creación de nuevos neuropsiquiátricos y disponen que los existentes brinden una asistencia integral.

Desde el Colegio de Psicólogos a nivel local aclararon que no se trata de anular completamente las internaciones, sino de utilizarlas sólo cuando sean realmente necesarias para no cronificar la enfermedad del paciente. Y destacaron que muchas veces, pasada la etapa de crisis, la persona puede volver a la comunidad.

Sin embargo, para llevar adelante estos cambios es indispensable, tal como indican los especialistas, generar dispositivos alternativos a las instituciones de encierro que garanticen la atención y contención de cada paciente según sus necesidades. Entre otros aspectos, ello requiere de la creación de hospitales de día, hogares de medio camino y programas de reinserción en la comunidad.

En este sentido, Jure indicó: “El Estado debe garantizar asistencia, prevención, accesibilidad a los servicios y atención adecuada en los tres niveles; en municipios y comunas con profesionales no especializados pero asesorados, en el segundo nivel que es el hospital general y el tercer nivel que son las instituciones monovalentes, que apuntarían a la contención de las crisis y la reinserción de los pacientes”.

Por su parte, la psicóloga Mariela Caraballo, tesorera del colegio profesional, destacó otras de las obligaciones establecidas por la ley para garantizar los derechos de los pacientes desde esta nueva perspectiva.

En ese marco, mencionó que el gobierno debe disponer la accesibilidad geográfica, económica, social y cultural de la población al sistema de atención en salud mental, el reforzamiento de los servicios locales y municipales y la participación de la comunidad en la definición y el abordaje de las problemáticas de salud mental.

Un servicio sin personal ni presupuesto

Las posibilidades de implementar estos cambios en la realidad se reducen al observar la situación en que se encuentra el único ámbito público de Río Cuarto a cargo de esta problemática sanitaria.

El Servicio de Salud Mental ubicado en el viejo hospital de la ciudad abarca la demanda de los cuatro departamentos del sur provincial, un área que incluye a 500 mil habitantes. Sin embargo, el área no cuenta con presupuesto propio ni con el personal suficiente para atender a los pacientes que se acercan.

“Hoy en el servicio no podemos dar turnos para psicólogo porque hay una sola psicóloga que no puede responder a la demanda de 500 mil habitantes”, advirtió Jure acerca de esta situación.

E indicó que desde la sanción de la ley no se ha incorporado a nuevos profesionales en la institución e incluso el personal se ha reducido debido a jubilaciones.

Ante este contexto, la funcionaria señaló: “No se ve una actitud de priorizar la salud mental” y agregó que el gobierno provincial debería destinar un presupuesto específico para adaptar el programa de salud mental a esta nueva normativa.

De cualquier manera, Jure relató que en el último año se lograron algunos cambios en el servicio que están en consonancia con el nuevo paradigma, pero aclaró que estos logros se dieron a través de la voluntad del equipo que allí trabaja y la ayuda de distintas instituciones locales.

Al respecto, mencionó la creación de un hospital de día que funciona como un espacio intermedio entre la internación y el tratamiento ambulatorio, promoviendo la inclusión social y la desmanicomialización de los pacientes.

Allí se realizan diferentes talleres, todos ellos a través de convenios con instituciones educativas y con el municipio; así, por ejemplo, los talleres de arte se brindan a través de pasantías con estudiantes de la Escuela Líbero Pierini y el Conservatorio Julián Aguirre, y una empleada de Fundemur enseña educación física a los pacientes.

Además, la jefa del servicio destacó que la situación en Río Cuarto es diferente de la de otras ciudades: “Tenemos un promedio de internación de 10 días por paciente, hacemos internaciones agudas porque trabajamos de otra manera”, dijo al respecto.

Trabajo en red e información

Otro de los ejes centrales que plantea la normativa aprobada en 2010 para llevar adelante este cambio es la articulación y el trabajo conjunto entre las diversas instituciones relacionadas con la salud mental.

Además, se establece la necesidad de garantizar el acceso a la información de este tema por parte de la población, una herramienta central para avanzar en la prevención y la promoción de la salud.

La nueva ley provincial les otorga a los municipios amplias funciones y considera que la base del tratamiento en salud mental se debe llevar adelante en el primer nivel de atención, un ámbito que es responsabilidad de los gobiernos locales.

Sin embargo, según informó el subsecretario de salud municipal, hasta el momento la Provincia ni siquiera se ha reunido con el gobierno local para articular acciones en este sentido.

“Considero que se puede hacer contención en la atención primaria de la salud, es lo adecuado”, opinó Abrile respecto del documento legal. Aunque aclaró que para ello se necesitarían recursos: “Tendríamos que juntarnos con ellos y ver qué profesionales más estaríamos necesitando y cómo llevarlo adelante”.

De cualquier modo, el funcionario afirmó que en casi todos los centros periféricos hay psicólogos y psicopedagogos y destacó que “todo lo que se pueda hacer desde los dispensarios se hace”, mientras que el resto de los casos se deriva al servicio provincial.

En tanto, la psiquiatra indicó: “En realidad, lo más importante es la articulación de la red de salud. Hay que trabajar con las municipalidades, las comunas, con toda la zona. Por ejemplo, no es necesario que alguien que tiene una crisis nerviosa sea derivado a un servicio de salud mental, con todo lo que eso significa como estigmatización, cuando en realidad para contener una crisis se puede hacer en el dispensario o en el hospital de Laboulaye tranquilamente”.

Y añadió que la intención del servicio del hospital es trabajar con las comunidades de la región en prevención y asesoramiento del personal, pero tiene muchas dificultades por la falta de recursos y profesionales.

Por su parte, desde el Colegio de Psicólogos pusieron énfasis en la necesidad de difusión para hacer realidad la nueva perspectiva: “Primero hay que sensibilizar a la población y a los profesionales, entender que esta ley es importante y que tenemos que actuar en función de un nuevo paradigma y una nueva idea de salud”, dijo Cavagnaro.

En este sentido, Jure señaló la importancia de que esta normativa se dé a conocer, dado que la misma también rige en las instituciones privadas e implica cambios concretos en los tratamientos: “Hoy, en base a la ley no se puede declarar insana a una persona indefinidamente como se hacía antes”, ejemplificó.

Además, las psicólogas destacaron la importancia de generar cambios en la formación profesional y de promover, tal como establece la ley vigente, el trabajo interdisciplinario para un abordaje integral de la salud mental.