Cuando se presentó el nuevo sistema de promoción en la provincia se informó que para darle vigencia se tenía que hacer la adhesión de la provincia y luego se tenía que firmar los respectivos convenios con la Nación. Lo cierto es que ayer el gobernador José Luis Gioja firmó el decreto 681 por el que dispone que la provincia adhiere al decreto 699 por el cual se dispone un sistema de promoción al empleo. En este se dispone que los empresarios pueden diferir hasta el 45 por ciento de lo que pagan por masa salarial ocupada en materia de impuestos para emprendimientos nuevos o los que estén en marcha pero que incrementen masa salarial. Esto apunta a preservar y mantener fuerte el trabajo en distintas industrias.

Tiene que decirse que el nuevo régimen de promoción, al cual adhirió la provincia, nace como consecuencia de que en el país perdura la emergencia ocupacional que tiene prorrogas por las leyes 26.204,26339,26,456 y 26.563.

Por lo tanto quienes defienden este régimen de promoción apuntan que se trata de una promoción al empleo y no de un régimen promocional en si mismo tal cual lo quieren presentar quienes se oponen a la medida y que se sienten perjudicados por la misma.

Tiene que decirse que estos beneficios son para las provincias que pertenecen al acta de reparación histórica.

Lo cierto es que el gobierno provincial en los fundamentos del decreto 681 de adhesión al nuevo sistema de promoción del empleo sostiene que se hace en pos de la preservación de los puestos de trabajo, asegurando su continuidad y viavilizando además el arribo de mayores inversiones e incorporación de nuevas tecnologías, con la consiguiente creación y conservación de puestos de trabajo.

Se tiene que marcar que en este sentido el gobierno nacional juega un papel esencial en lo que tiene que ver con impulsar políticas de preservación y promoción de las actividades industriales en las provincias a fin de lograr el progreso y desarrollo equitativo de las mismas, procurando la continuidad de las fuentes de trabajo.

Dentro de los fundamentos lógicos que se toman en cuenta están lo ocurrido en materia de promoción industrial en San Juan a través de la sanción de la ley 22.021.

De todos modos los beneficios promocionales quedan supeditados a la ampliación de los proyectos existentes, que implique la contratación de mano de obra.

De este modo se abren las puertas para un mejoramiento de las condiciones laborales de la provincia. De acuerdo a lo que se informó en su momento desde la Unión Industrial de San Juan en la provincia existen 90 empresas promocionadas y unos 10.000 puestos de trabajo directamente relacionados con dar valor agregado a la producción local.

De hecho el decreto de adhesión viene a dar la seguridad para el mantenimiento de la competitividad de los productos de la provincia ante las asimetrías que tiene la economía regional frente a otras que tienen acceso por ejemplo al mar o que en la actualidad cuentan con un nexo físico comercial a través de la cordillera de los Andes, como es el caso de Mendoza.