Una nueva polémica se suscitó en Pinamar, a partir de una denuncia en torno a la habilitación de una financiera que, aparentemente, no posee documentación en regla y que sólo se mantendría en pie debido a una vinculación con el Ejecutivo local.

No sólo debate el Concejo Deliberante de esa ciudad costera el futuro del intendente Blas Altieri por los diversos escándalos que podrían derivar en su destitución, también analiza una denuncia presentada el 13 de abril ante el Poder Legislativo comunal por un comerciante de la ciudad, Carlos Molina.

En el escrito, el hombre expresó que había sido víctima de diversas actividades delictivas por parte de los responsables de un comercio identificado como Dinero Express, ubicado en un local de la calle Constitución 522 de la ciudad.

La presentación señala que en el local

“se negocia moneda extranjera, cheques, títulos”, y que no cuenta para ello con habilitación municipal. Como prueba, el denunciante presentó ediciones del semanario Pionero -del 6/8/11 y el 5/5/12-, en donde se publicita en forma explícita la realización de una actividad financiera.

La Tecla tuvo acceso al expediente municipal 4123-1994/2004, por el que se tramitó la autorización comercial de Dinero Express -que jurídicamente responde al nombre de Guelt Group S.A.-.

El listado de irregularidades en el proceso de habilitación del comercio es amplio, y despierta sospechas sobre la relación entre los titulares de la firma y la administración de Altieri.

¿A qué se dedica?

El contrato presentado al Municipio, firmado por Amabelia Iacovello -supuesta titular del local- con Carlos Gleizer -en representación de Guelt Group S.A.-, puntualiza que el inmueble dado en comodato sólo puede ser destinado “a vivienda particular”.

Sin embargo, en el expediente se tramitó la habilitación para la instalación de una “oficina contable en carácter de auditoría interna de empresas que desarrollan su actividad principal en Capital Federal y, además, como anexo realiza servicios de trámites y pago por cuenta y orden de terceros a particulares o comercios, desde esta ciudad y hacia la Capital Federal”.

A su vez, en la escritura de constitución de la sociedad Guelt Group S.A. se excluyen del objeto social “las operaciones y actividades comprendidas en la ley de Entidades Financieras…” y, además, la firma se inscribió en AFIP en la categoría “representaciones y mandatos”.

Asimismo, en el Convenio Multilateral de Ingresos Brutos, Guelt Group S.A.

declara la descripción de la actividad como “servicio de asociaciones de especialistas en disciplinas científicas, prácticas profesión”.

Habilitación express

Molina plantea que a simple vista surge, del expediente, una irregularidad: tiene doble foliatura sin corregir. La foja va hasta la seis, y la que debería ser siete vuelve a ser foja uno, la cual sigue correlativamente hasta 94.

Este, de acuerdo al denunciante, no fue el único error. La Comuna habría habilitado como “Receptoría de Promociones de Crédito”, en fecha el 4 de marzo de 2005, tiempos en los que Blas Altieri también estaba al frente del Ejecutivo pinamarense.

Sin embargo, antes de que se le extendiera el primer permiso, el director de Fiscalización de la comuna dejó expuesto, tal como consta en las fojas 31 y 32, que “todo parece indicar que se trata de una actividad financiera…”. En la foja 33 está la constancia de una consulta hecha al Banco Central acerca de si correspondía o no una previa habilitación de esa entidad para ese comercio, a lo que el BCRA respondió que el estatuto de la persona jurídica le impide realizar operaciones financieras.

En el parte de inspección 434, del 25 de noviembre de 2004, se le requirió a Dinero Express documentación que acreditara que no se hallaba comprendida por la ley de Entidades Financieras, a lo que se respondió con una nota, sin contestar el pedido, diciendo que trabaja por cuenta de la Caja de Crédito Cuenca.

Más tarde, la firma presentó una copia del convenio firmado veinte días después de pedir la habilitación, con esa financiera Caja de Crédito Cuenca. Es decir que, al momento de la presentación del pedido de habilitación municipal, no tenía firmada la representación que veinte días después alega.

Nueva autorización

El 28 de septiembre de 2010 se presentó un nuevo pedido de habilitación municipal, y acreditaron con otro convenio de comodato, en el que volvió a aclararse que el destino debía ser para vivienda del comodatario -Guelt Group SA-. Sin embargo se entregó una nueva habilitación, el 5/11/2010, con la firma de Altieri.

Además de la cuestión contractual, el intendente no tuvo en cuenta una larga serie de antecedentes que impedían extender otro permiso. El 16 de marzo de 2010, el BCRA informó al jefe comunal que inició sumario a la firma Compañía Argentina de Asistencia SRL, que opera en Constitución 522, por “infracciones cambiarias”, detectadas por allanamiento ordenado por el Juzgado Federal de Dolores.

Seis años antes, y bajo la anterior gestión de Altieri, el jefe de Habilitaciones informó que “el rubro citado no sería una simple actividad de agencia comercial”.

A su vez, la asesora letrada del Municipio había determinado que se estaban realizando actividades en el local que no estaban autorizadas por el BCRA, y que la persona jurídica que opera en ese local sería Compañía Argentina de Asistencia SRL, y no Guelt Group S.A., como se presentó en la Municipalidad -foja 68-.

Además, en el expediente hay constancia de un informe de la dirección de Fiscalización, en el que se dice que “…se ha desvirtuado el rubro para lo cual se ha habilitado dicha operatividad…”, fechado el 16 de septiembre de 2010.

Pese a que el jefe comunal Altieri se desliga del caso (ver Las respuestas de Altieri), el denunciante sostiene que las acusaciones que rozan su gestión en torno a esta autorización son varias: habilitar un local comercial sobre la base de un contrato de comodato realizado exclusivamente para ser usado como vivienda; otorgar una nueva autorización existiendo sospechas de la propia administración y constancias del BCRA en el sentido de que en el mismo se hacen operaciones financieras no autorizadas; omitir el informe rendido por el BCRA que señala que en el lugar opera otra persona jurídica; y permitir a lo largo de su gestión que se sigan efectuando operaciones financieras no autorizadas, bajo la cortina de una agencia comercial.

Este es uno de los 33 puntos que la comisión investigadora evaluará a la hora de definir el futuro del intendente Altieri. El presentó el descargo a cada una de las acusaciones. Por ahora, está habilitado para seguir.