Marcelo Sain, legislador bonaerense y especialista en temas de seguridad, es el consultor que brindó los aportes centrales al proyecto de ley de seguridad pública que el gobernador Jorge Capitanich presentó la semana pasada y que deberá ser discutido en la Legislatura. Ayer, al evaluar esa iniciativa, el consultor valoró sus lineamientos y advirtió que la norma, en caso de ser aprobada, exigirá un fuerte compromiso de la sociedad chaqueña.

“El aporte de la comunidad es clave. Nada de todo esto cierra si no participa la gente, porque el objeto de la seguridad es siempre la gente. La gente sabe lo que le pasa, pero el Estado no ha sabido escucharla. Y habrá que capacitar a la población para que entienda que no cualquier demanda es una demanda de seguridad”, dijo.

Ejes centrales

Sain, en declaraciones a FM Universidad, dijo que “el eje central del trabajo que se ha realizado en el Ministerio de Gobierno del Chaco, que es un trabajo de larga data, y ese eje es el fortalecimiento de la capacitadad de gestión política de la seguridad pública”.

En ese sentido recordó que uno de los componentes del proyecto es la creación de una Secretaría de Seguridad Pública que administrará “todo lo que tieen que ver con la planificación estratégica” y se constituye un Observatorio de Seguridad “para que haya un panorama permanente de información sobre la problemática”.

A eso sumó la propuesta de formar recursos humanos con una capacitación específica más rica que la que reciben hoy los policías. Además, esa capacitación irá dirigida también a los funcionarios que manejarán las políticas de seguridad, algo que consideró “fundamental”.

“Para poder capacitar bien a una policía primero hay que tener en claro qué policía se quiere y cuál es la estructura organizativa. Lo que observamos es que hay que racionalizar la estructura, privilegiando algo que el gobernador nos pidió con mucho celo, que es maximizar los recursos humanos y operacionales en tareas del control del crimen”, comentó.

Sain dijo que en ese punto pudo observar que en la policía del Chaco “hay un esquema un tanto tradicional, y que hay que hacer un esfuerzo de reconversión organizacional muy importante”.

Comando unificado

El legislador y consultor dijo que otro eje importante en la iniciativa es la conformación de “un comando operacional unificado, en donde las tareas de inteligencia y las tareas operacionales estén muy pegadas unas a las otras”.

Sain, que ya trabajó en otras provincias con temas de seguridad, dijo cuando se le preguntó si hubo resistencias de las estructuras policiales a cada reforma- que “si hay una decisión política firme, no hay resistencia policial que valga. Además, dentro de las estructuras policiales siempre existen cuadros de gestión que no están en las cúpulas más conservadoras y que son partidarios de un proceso de modernización”.

“Yo siempre digo que el cambio en la policía es político, porque mi experiencia me demostró que el comisariato que dirige estas policías nunca ha emprendido procesos de modernización. Entonces, si no hay impulso político, no va a haber cambio en la organización policial”, agregó.

Me parece que en el Chaco hay una firme decisión de cambiar, como lo mostró el gobernador la semana pasada, para un cambio institucional junto con la policía, no contra la policía, pero con conducción política. Me da la impresión de que el se cuadre va a andar bien, y el que no se cuadre va a tener que jubilarse prematuramente”, advirtió.

Menos oficina, más calle

Sain también observó que otro tema a resolver es que en la Policía del Chaco, como en otras, “hay una enorme concentración de personal policial en tareas administrativas y de apoyo. Eso significa que hay poco personal policial en tareas netamente operacionales”.

“Para poder neutralizar eso, el equipo del Ministerio de Gobierno ha diseñado que dentro de la policía las tareas administrativas y de apoyo sean desarrolladas por personal capacitado para eso pero sin estatus policial. El policía debe estar sólo en tareas operacionales, no puede haber personal policial abocado a tareas administrativas”, explicó.

En eso también incluyó la función que hoy cumplen los policías de entregar notificaciones judiciales. “El Poder Judicial no puede financiarse a través del poder administrativo. Si tiene necesidad de entregar notificaciones o cuidar detenidos, tendrá que generar los recursos necesarios para poder financiar eso, que es una tarea de ellos. Pero no tiene por qué esta institución (la policía), que está en crisis, estar financiando a otros poderes públicos”, planteó.

“Los policías no tienen que hacer tareas que no tengan que ver con el control del delito”, reiteró, aunque aclaró que la legislación propuesta no avanza en cambiar el sistema de formación que se hace hoy a través de la Escuela de Policía. Sí, dijo, habrá capacitaciones para mejorar cuadros y servicios, con segmentación de los cursos en función de especialidades y temáticas.