El anteproyecto consensuado por universidades públicas y privadas, gremios docentes, entidades religiosas y empresas educativas se discutirá este miércoles en todos los colegios y escuelas
El texto, consensuado por el Consejo Provincial de Políticas Educativas propone 14 años de escolaridad obligatoria, un cambio central que, para los gremios docentes, debe ir acompañado de una nueva ley de financiamiento educativo.
De aprobarse, derogaría la Ley 8.113, sancionada en 1991, en el marco de la recordada y cuestionada “reforma educativa” de los años ‘90.
El anteproyecto que se discutirá en las escuelas propone extender la obligatoriedad de la educación “hacia adelante” y “hacia atrás”. Jardín de 4 y de 5, seis años de primario y seis del secundario conformarían un total de 14 años obligatorios.
Cabe recordar que, hasta ahora, a los alumnos sólo se les exige completar desde jardín de 5 hasta el Ciclo Básico Unificado (CBU).
En este sentido, el artículo 26 del texto del anteproyecto dice: “La obligatoriedad escolar se extiende desde la edad de 4 (cuatro) años hasta la finalización del nivel de Educación Secundaria”.
Por otro lado, la iniciativa reconoce las dificultades de acceso a la educación y se plantea maneras de subsanarlas.
Por ejemplo, en las zonas o barrios pobres, se buscará imponer la obligatoriedad del jardín de tres años.
Así lo señala el artículo 27 del texto: “La educación inicial constituye la primera unidad pedagógica del sistema educativo provincial. Corresponde a los niños comprendidos en el período que se extiende entre los 45 días y los 5 años de edad. Será obligatoria a partir de los cuatro años, según lo especifica el artículo 26, y tendrá carácter optativo para las restantes edades abarcadas por este nivel, tendiendo a universalizar las salas para niños/as de 3 (tres) años prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social”.
En el plano institucional, el Consejo Provincial de Políticas Educativas, que elaboró el anteproyecto, cumplirá funciones para el Ministerio de Educación de la Provincia. Será de carácter consultivo, y en él participarán las universidades públicas y privadas, los gremios docentes y algunas asociaciones católicas que trabajan en la educación.
Financiamiento
El anteproyecto quiere asegurar un mínimo de financiamiento, en función del último presupuesto ejecutado por la Provincia.
Al respecto, el artículo 107 habla de “un porcentaje mínimo no inferior al 30% del presupuesto anual ejecutado de la Provincia. Las partidas para servicios asistenciales serán excluidas del porcentaje fijado”.
Este es, precisamente, un punto clave para extender y abrir el sistema educativo, tal como lo propone el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Educación. Al menos, así piensan en la Uepc.
De hecho, los gremialistas se manifestaron ante la Legislatura Provincial pidiendo que se trate una nueva ley de financiamiento educativo. Más allá de la iniciativa por una nueva ley general de educación, el gremio interpreta que la del financiamiento debería aprobarse antes que el presupuesto 2011.
En tanto, la Uepc manifestó un apoyo crítico al anteproyecto de ley, de cuya elaboración participó. “El trabajo llevado adelante es significativo por el modo en cómo se ha dispuesto la búsqueda de consenso entre los representantes de sectores tan diversos”, dice un comunicado del gremio.
Además, el comunicado de la Uepc señala que el texto contempla a la educación “como un bien social, el rol de garante que debe asignársele al Estado y de los derechos y deberes de los docentes que hacen posible el acceso, la permanencia y el egreso de los niños y jóvenes a los bienes culturales”.
El debate
Los resultados pasarán primero por el tamiz del Ministerio de Educación, que los sistematizará, y luego irán al Consejo de Políticas Educativas, donde se le dará forma final al anteproyecto.
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