“Se está utilizando bienes del estado para satisfacer las necesidades de una empresa privada que no pertenece a la provincia”, aseguró el letrado, quien envió a este medio copias de documentos en los cuales Bassi autoriza a diversas personas a retirar altísimas sumas de gasoil del depósito central del Programa Rutas y Caminos Provinciales.

“Todo el parque automotor de Vialidad está parado y Bassi hace figurar que está funcionando y el combustible se lo está vendiendo a ciertas empresas y particulares. En la Administración Pública no se permite hacer negocio con los combustibles de la provincia”, explicó Rosales, quien calcula que “estamos hablando” de un “negocio” que va de los 10 a los 20 millones de pesos.

Por ejemplo, en los documentos enviados a La Gaceta, se puede ver como Bassi autoriza a unas personas llamadas Pablo Gennero y Miguel Ángel Woronko a retirar, en total, 3.600 y 4.042 litros de gasoil, respectivamente. De acuerdo a Rosales, Gennero es el representante de la firma Ruggero SA, mientras que Woronko “es una persona que va y retira gasoil”. En la documentación presentada, simplemente figura que el combustible será trasladado a las obras sobre las rutas N° 20 y 30.

Además, Rosales (foto) envió varias facturas de compras que el Programa hizo en un corralón llamado +Con. “+Con está manejada por los hijos (de Bassi) y figura un testaferro que es Ramón Garro y otra gente de apellido Alaniz. En compras irregulares hacia +Con estamos calculando de 20 a 30 millones de pesos”, agregó el abogado.

“El artículo 17 de la Constitución Provincial dice que todo funcionario que es acusado públicamente se debe vindicar públicamente, pero vindicarse significa que debe demostrar que no tiene nada que ver con pruebas”, concluyó Rosales, destacando que, luego de sus primeras denuncias, Bassi “se quedó callado”.