El premio consuelo de Mauricio Macri –volver a competir por la Ciudad de Buenos Aires- tampoco será sencillo. A las encuestas, que marcan que el balotaje será ineludible, se le suman cuestionamientos, algunos de peso, que vuelven a sembrar incertidumbre sobre su futuro.

Es que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acumula un procesamiento y dos imputaciones por su gestión actual, lo cual lo inhabilitaría para presentarse de acuerdo a lo que establece la Constitución Porteña.

La carta magna establece en su artículo 57º la inhabilitación para ser designado en una función pública a quien esté procesado por un delito en perjuicio de la administración pública. “Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública. El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración, será separado sin mas trámite”, reza el inciso en cuestión.

Sobre Macri pesan investigaciones por distintas causas, la más conocida es el escándalo por las escuchas ilegales, que sigue adelante pese a los planteos de nulidad interpuestos por el hombre PRO. La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), organismo que presuntamente se encargaba de “perseguir, hostigar y golpear a personas en situación de calle”, según denuncia la diputada porteña Gabriela Cerruti.

La tercera y, por el momento última causa, es la referida a la licitación del mobiliario urbano y una licitación en cuestión lleva cerca de nueve años de demora. “Consiste en la instalación en toda la ciudad de paradas de colectivos, refugios, señales indicadoras de calles y avenidas y la explotación de la publicidad en las pantallas ubicadas en la vía pública. Es decir, constituye un cuantioso negocio. Al respecto, se investiga por “administración fraudulenta” a funcionarios de la gestión PRO –incluido Macri– por haber “direccionado” la licitación del mobiliario urbano “para beneficiar” a una empresa”, comenta la legisladora porteña en una nota publicada en diarioregistrado.com.

Además, la ley 471 de 2000, modificada en su artículo 7 por la 3386 del 4 de febrero de 2010, ni siquiera le permitiría a Mauricio Macri sumarse a la administración pública como empleado. “Cualquier aspirante a un puesto en su situación quedaría descartado al tramitar el certificado de antecedentes penales que se requiere”, afirma la diputada porteña.

El constitucionalista Daniel Barcesat presentó una denuncia haciéndose eco de esto ante el Superior Tribunal de Justicia porteño. “Tal y como taxativamente establece el primer párrafo del artículo, Macri se halla en situación de inhabilidad para ser designado, tras la compulsa electoral, como jefe de Gobierno”, afirmó el abogado.

Desde el macrismo, salieron a bajarle el tono a las acusaciones. El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó vía twitter que se trata de un malentendido. “El art. 57 de la Constitución refiere a las designaciones de funcionarios públicos, no a las de cargos electivos”, dijo a través de esa red social. El mismo discurso adoptó la “ola amarilla”.

Incluso hablaron de una "operación política" del kirchnerismo para intentar "proscribir a Macri" sin fundamentos jurídicos. Así lo afirmó Marcos Peña, quien luego aclaró que "el artículo 57 de la Constitución habla de designaciones de funcionarios públicos, no de cargos electivos".

El veredicto final, fue dicho, lo tendrá el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad.