La iniciativa fue planteada por los diputados Carlos Rubín y Alicia Locateli. “Ya no existen motivos que justifiquen continuar la intervención de muchos”, de ellos, advierten.
La norma exige que el Ejecutivo desista de la intervención en los organismos que por ley deberían ser autónomos como es el caso del mencionado IPT.
El fundamento de los justicialistas expresa : "Estos organismos se encuentran bajo la tutela del Estado desde hace muchos años, algunos superan incluso los 20 años de intervención. En muchos casos, sectores claves como el tabacalero se suelen ver ligados a disputas políticas internas del Gobierno de turno, totalmente ajenas a sus intereses. O Bien, estos organismos le sirven de caja de dinero para financiar programas externos o incluso campañas políticas a quien o quienes gobiernan la provincia".
En este sentido, los legisladores justicialistas argumentan su propuesta sosteniendo: “Actualmente, ya no existen motivos que justifiquen continuar con la medida de intervención de los organismos descentralizados. En consecuencia, resulta conveniente y oportuno comenzar la regularización institucional de los entes autárquicos y terminar definitivamente con el largo período por el que se impusiera la praxis intervencionista como modo habitual y normal de control y gestión en perjuicio de normas y principios republicanos”

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