La subsecretaria del Ambiente, Nora Martínez, manifestó su aval a los cambios incorporados al ordenamiento territorial que se apresta a aprobar la Legislatura, defendió la labor de elaboración del mapa realizada desde su área y consideró que las críticas que recibió el mapa se debió a que la norma toca muchos intereses.

¿Qué opina de los cambios que los senadores le incorporaron al proyecto de ley que elaboró Ambiente?

Han hecho aportes interesantes y superadores desde el punto de vista de títulos, de la sistematización de campos, entre otras cosas. Nosotros, cuando enviamos el proyecto, enviamos una ley un tanto más reglamentaria. A raíz de todas las reuniones mantenidas, se decidió que lo reglamentario iría pasando a anexos o directamente a la posterior reglamentación de la ley. Así que ha quedado una ley más concreta, sucinta y con algunas incorporaciones que nos han parecido sumamente interesantes.

¿Cree que, en función de las modificaciones incorporadas, se mantiene el espíritu original que se pretendió darle desde su área?

Desde el vamos hemos intentado que la ley permita sostener el bosque nativo pero a su vez no ponernos en una situación rígido de anular el desarrollo regional. Por tanto, había que tratar de compatibilizar esas dos cuestiones, porque hay áreas que todavía tienen mucha posibilidad de desarrollo. Creo que el proyecto actual conserva totalmente el espíritu de la ley, por eso estamos de acuerdo con las modificaciones que se hicieron.

¿Por qué cree que tuvo tantas críticas en su proceso de elaboración y al dar a conocer el mapa?

Toda acción en el tema ambiental siempre toca intereses de alguien, por eso en ambiente es muy difícil compatibilizar con todos. De todos modos siempre hemos tenido la premisa de tratar de compatibilizar con todos, que esto se pudiera armar lo mejor posible, hemos tenido muchos talleres se escuchó al pequeño productor y al gran productor. Por tanto, todo lo que es la participación ciudadana, que mandaba la ley, se cumplió en el territorio.

La elaboración del ordenamiento de bosques tuvo demoras importantes ¿por qué?

Desde la provincia se hizo todo lo que se pudo. La ley nacional dice, en su artículo 6, que a los 30 días aprobada, la Nación tenía la obligación de girar a las provincias fondos para que pudiera elaborar el mapeo. Esos fondos no los hemos recibido, y en el caso particular de Catamarca, el Ejecutivo tomó, por el mes de julio de 2008, la decisión de hacerlo con fondos propios y se compró la tecnología que se requería para hacerlo, todo con fondos provinciales. Recuerden que hay 14 provincias que no empezaron el ordenamiento y aún esperan los fondos para hacerlo.

Los diputados fueron más críticos en relación al proyecto original. ¿Cree que van a avalarlo en las actuales condiciones?

En el Senado el aporte ha sido muy positivo, y en principio cada senador ha ido trayendo los requerimientos de sus departamentos. Por eso nos da la sensación de que el mapeo está ajustado a lo que la gente ha ido solicitando en las audiencias y lo que lo senadores han ido solicitando para su territorio. Por eso esperamos y confiamos que en Diputados se apruebe, porque es una ley conflictiva pero muy importante. En el país, por primera vez en 200 años se dicta una ley que tiene que ver con la protección de bosques nativos y con la posibilidad de pago del servicio ambiental de esos bosques. Eso es lo que tiene un avance en relación a leyes anteriores.

¿Qué pasa si hasta el 30 de junio no se aprueba la ley de bosques en Catamarca?

Se pierden los fondos destinados para este año. Indudablemente eso generaría complicaciones, porque tenemos muchos problemas en las áreas más deprimidas. La idea era poder contar con estos fondos para empezar a plantear proyectos que permitan dar distintos usos a la tierra y a los bosques. La posibilidad de disponer del fondo es uno de los elementos más interesantes porque con el fondo se van a poder hacer dos cosas importantes. De lo que reciba la provincia, un 70% se va a destinar a las áreas protegidas que presenten un plan de conservación o de aprovechamiento, ya sean públicas o privadas. Y el 30% restante entra directamente a la Subsecretaría del Ambiente, que es la autoridad de aplicación, para fortalecimiento institucional, adquisición de tecnología, capacitación de personal y solución de problemas dominiales de pequeños productores.