Los documentos indican que los dos vecinos, de apellidos Herrera y Cervantes, habían asegurado en publicaciones, realizadas en la fecha antes mencionada, que el intendente “financiaba” los piquetes promineros en las rutas 40 y 60, por donde pasan camiones con insumos hacia Alumbrera.

Entre esas acusaciones, Herrera esgrimía que la municipalidad pagaba provisiones para los manifestantes promineros, y además que el intendente había obligado a empleados municipales a participar de las protestas. En un sentido similar se expresaba Cervantes, también asegurando que el municipio proveía de fondos para sostener los piquetes.

Ante esta situación, la asesoría legal de la comuna elaboró cartas documento instando a los dos vecinos, identificados claramente, a que rectifiquen los dichos sobre el jefe comunal en un plazo de 48 horas, bajo pena de iniciar acciones legales por “calumnias e injurias”.