El aumento de la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo y la actualización de haberes de acuerdo con los fallos Badaro y Sánchez de la Corte Suprema tienen un costo fiscal de 12.000 millones de pesos de septiembre a diciembre y de 9300 millones de octubre a diciembre.

La estimación fue realizada por la Anses luego de la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que mejora las jubilaciones, el cual será debatido por el Senado el 13 de octubre. El organismo contrastó aquellas cifras con el superávit previsto para todo el año, en torno de los 900 millones de pesos, según revelaron fuentes oficiales. Si la ley fuera aprobada el mes que viene, el Estado tendría que afrontar obligaciones que superan en más de 8000 millones de pesos los excedentes de la Anses.

Con esos resultados, 2010 marcaría el primer antecedente de un escenario de déficit estructural del sistema jubilatorio, situación que los economistas del Plan Fénix advirtieron que terminará por quebrar al régimen de reparto, con las graves consecuencias que ello implica. La oposición argumenta que la Anses puede utilizar las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.