La Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana emitirá tres informes preliminares como resultado del análisis de las incorporaciones a la Policía Metropolitana de oficiales provenientes de otras fuerzas de seguridad. Uno del PRO, otro de la diputada Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires) y otro de la Defensoría del Pueblo.

Se revisaron, hasta el momento, los 52 legajos correspondientes a todos los oficiales de Dirección -comisionados y Comisionados Mayores -, y todos los Superiores de Conducción -Comisionados Generales y Superintendentes.

Según el informe del PRO al que tuvo acceso adnciudad.com "todos los legajos están completos y cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Sobre algunos se decidió pedir ampliación de información en función de entender los diputados que necesitaban precisiones acerca de, por ejemplo, destinos cumplidos por los oficiales en sus fuerzas de origen o mayor detalle de las actividades privadas realizadas luego de sus retiros".

Además, afirma que "de la declaración jurada exigida a todos los oficiales, surge que ninguno tiene causas pendientes en trámite en la Justicia, ya que esta medida fue establecida como requisito sin excepción -a condición de ser dado de baja en caso de no presentarla - por el actual Jefe de Policía".

Por otra parte, sostiene que "el sistema de incorporaciones fue absolutamente transparentado al quedar el mismo a cargo de las autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública" y que "los oficiales de los grados superiores de conducción tienen la experiencia profesional necesaria a los grados que poseen y consecuentemente la edad acorde a esta experiencia y trayectoria".

A lo que añade: "Esta circunstancia ha determinado que muchos (debe tenerse en cuenta que el universo de este análisis incluyó únicamente a los oficiales más antiguos y de mayor jerarquía) cumplieran servicios, en los inicios de su carrera policial, en la década del ‘70".

Por último, se manifiesta que "analizados todos estos casos se constató que todos fueron ascendidos, al menos en tres oportunidades, y accedieron a grados superiores, bajo la responsabilidad y evaluación de funcionarios políticos de gobiernos democráticos".