Es que el fiscal federal Jorge Di Lello se pronunció por el sobreseimiento de los abogados y de Gabbi, porque -señaló- “ninguna conducta delictiva es posible arrogar a los nombrados”. Así se lo solicitó al juez federal Ariel Lijo, también a cargo del proceso por la quiebra de Ciccone que salpica al vicepresidente, que terminaría firmando los sobreseimientos, indicaron las fuentes del caso.

“Luego de producida toda la prueba posible, ninguno de los que fueron llamados a declarar pudo dar cuenta de manera exacta e inequívoca acerca de cuáles fueron los motivos y/o el objeto de las reuniones mantenidas entre el licenciado Boudou y los letrados de la matrícula”, sostuvo el fiscal en un dictamen de ocho páginas.

El pedido de sobreseimiento alcanza a los abogados Ana María García, esposa de Righi; María José Labat, cónyuge del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; y Fabián Musso, integrante del estudio del exprocurador. También se plantea el sobreseimiento del titular de la Bolsa, quien supuestamente medió en favor de Antonio Tabanelli, expresidente de Boldt, la empresa competidora y rentadora de la ex Ciccone Calcográfica.

El pasado Jueves Santo, Boudou denunció una virtual extorsión por parte de los imputados a raíz de su ascenso político, y vinculó esa situación con las denuncias en su contra por la “causa Ciccone”. Las declaraciones de Boudou se concretaron en una conferencia de prensa en donde no hubo preguntas, apenas 24 horas después de que la Justicia allanara un departamento suyo en Puerto Madero y encontrara indicios de la vinculación de esa vivienda con el monotributista Alejandro Vandenbroele, a cargo del levantamiento de la quiebra de Ciccone.