Uno de cada diez detenidos en la provincia de Buenos Aires está en esa condición por problemas con droga, el doble que hace cuatro años, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Hasta septiembre de este año, 2538 personas permanecían presos por cometer alguna infracción a la Ley de Estupefacientes (Nº 23737), de los 27800 que componen el total de universo carcelario del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB): esto es, el 9,1 por ciento.

Si se compara esto con 2007, se ve que de las cifras se duplicaron. En ese momento había 24142 detenidos, mientras que sólo 1203 estaban por causas con la droga: es decir, el 4,9 por ciento.

Desde ese año, los números relacionados a causas con drogas han ido en crecimiento, salvo los del año pasado que marcaban más de 3300 detenidos sobre una población carcelaria similar a la actual.

El crecimiento de las detenciones también se refleja en los datos de la Procuración de la Suprema Corte. Mientras que en 2009 el 4,9 por ciento de las causas iniciadas correspondían a la violación de la ley Nº 23.737, un año después la cifra pasó a 5,4, y en el primer semestre de 2011, el porcentaje se ubicó en 6,5 por ciento. Esto significa, 20450 causas.

Según las cifras del S.I.M.P –Sistema Informático del Ministerio Público-, en el Departamento Judicial de San Nicolás se nota un crecimiento del casi 28 por ciento de investigaciones penales iniciadas, comparando el primer semestre del corriente año con el mismo período anterior.

Desde enero a julio del corriente año se habían iniciado 83 causas por Comercialización de estupefacientes, mientras que en el 2010 se registraron 44 causas por el mismo delito.

La Tenencia con fines de comercialización tuvo un mayor incremento porcentual. En 2010 se inició una sola causa –teniendo como referencia el periodo señalado-, mientras que en el presente año fueron 9 las investigaciones iniciadas.

Política criminal

En distintos países de Latinoamérica desde hace varios años se ha implementado una política criminal en la cual se intensificaran las medidas para combatir el tráfico de estupefacientes, en lo que se ha considerado una verdadera “guerra contra la droga”.

Muchos especialistas ponen en duda la eficacia de esa política y correlativamente se ha avanzado en la discusión sobre la despenalización de algunas sustancias consideradas ilícitas.

En otros países la principal crítica pasa por la cantidad de muertes que se registran anualmente en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Para ello basta mencionar que en México se registraron 40000 muertes desde el 2006 hasta el pasado año por causas vinculadas con el narcotráfico.

En nuestro país también se ha despertado el interés por diseñar una política criminal que enfatiza la persecución de las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes.

Es necesario recordar que a principios de 2006 el Gobierno bonaerense implementó la ley que permite la persecución en el ámbito provincial de los delitos de tráfico ilegal de estupefacientes por parte de sus autoridades.

Hasta ese año la persecución de éste delito en todo el país, se encontraba en manos del Gobierno nacional, principalmente a través de Policía Federal, Gendarmería, y de la Justicia Federal.

Desde la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, también se ha venido insistiendo para que se incrementen las medidas y controles vinculados con la venta de drogas en los distintos departamentos judiciales.

Desde septiembre del corriente año en San Nicolás funciona una Unidad de Instrucción Fiscal especializada en la materia.

Prisionización

Las cifras anteriores sobre la cantidad de personas detenidas por drogas son significativas en lo que respecta a la política criminal llevada adelante por la gestión de Daniel Scioli.

La misma puede caracterizarse como una política de mayor encarcelamiento. La provincia de Buenos Aires tiene actualmente una tasa de prisionización de 189 detenidos cada 100 mil habitantes.

“En lo que respecta a la evolución de libertades otorgadas por el SPB, el primer semestre de 2009, un total de 3260 personas consiguieron este beneficio. Y mientras que entre enero-junio de 2010 quedaron en libertad 3791 individuos, en el mismo período pero este año la cifra subió a 4296; esto es un 13,3 por ciento más”, indica un informe recientemente publicado sobre “Situación de las personas privadas de libertad”.

La ley 14128 introdujo puntualmente dos restricciones indirectas a la excarcelación frente a supuestos de delitos graves cometidos con el uso de armas de fuego o con menores, pero lo cierto es que ello no impactó significativamente en el sistema penitenciario

“No se puede pasar por alto, que a partir de 2004 ha existido a nivel nacional una serie de reformas al Código Penal que, sin ir más lejos, alteraron las escalas de algunos delitos impidiendo la excarcelabilidad, como es el caso del robo con arma de fuego (su tentativa no es más excarcelable) y de la portación de arma de guerra. Por este delito, existen hoy en Provincia más de 600 internos”, señala el estudio.

El diseño de una política criminal enfocada a crear “sociedades encarceladas ” es actualmente una tendencia mundial, siendo Estados Unidos el país con mayor cantidad de presos por cada 100.000 habitantes.

Para varios especialistas, la aplicación de una mayor encarcelación no ha mostrado una considerable reducción de las tasas delictivas en los lugares donde se viene implementado, además debe considerarse los mayores índices de reincidencia por las personas que fueron privadas de su libertad.