La decisión fue aprobada con los votos de los sandinistas y sus aliados en una breve y agitada sesión en la que los legisladores opositores rompieron el quórum en protesta por la aprobación de la nueva versión constitucional.

El texto incluye una disposición, considerada transitoria por opositores y juristas independientes, de una enmienda a la Constitución hecha en 1989 que legitima un decreto del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para prorrogar la permanencia en sus cargos a una veintena de funcionarios a los que ya se les venció el mandato.

Ese inciso constitucional, que no registraba la Carta Magna después de 1990, se refiere a que los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y las demás autoridades y funcionarios de diversos poderes continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deban sustituirlos.

El inciso sustenta, por tanto, el decreto emitido por Ortega que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos, cuyos cargos no han sido renovados en el Parlamento por el bloqueo del Legislativo de la oposición en medio de la crisis por las maniobras para allanar el camino a una nueva reelección de Ortega.

Una mayoría oficialista aprobó la moción para avalar la publicación en el diario oficial, La Gaceta, de la nueva versión, presentada por el diputado Juan Ramón Jiménez, aliado de los sandinistas.

El primer secretario del Parlamento, el liberal opositor Wilfredo Navarro, denunció ante el pleno que esa moción es ilegal, porque fue incluida sin ser aprobada por la Junta Directiva.

"Es un abuso", continuó Navarro en medio de gritos y rechiflas de los legisladores opositores, que se desconectaron de la pizarra para aparecer como ausentes y romper el quórum.

El presidente del Congreso, el sandinista René Núñez, suspendió la sesión ante la falta de quórum y convocó para mañana a una nueva sesión plenaria.