Es una red que viene creciendo desde hace años, de forma ininterrumpida, y que, evidentemente, nunca fue controlada ni auditada por las autoridades. Por eso creemos que, como representantes del poder legislativo, estamos cumpliendo con la obligación que nos asigna la Cons-titución al realizar este tipo de investigaciones.

Seguramente el trabajo realizado es perfectible de ser mejorado, pero estamos convencidos de que puede echar luz para que, en el algún momento, se acabe con esta práctica inadmisible de utilizar a personas de condición extremadamente humilde para que actúen de iniciadoras de lo que después son negocios multimillonarios.

En la Argentina nos hemos acostumbrado a hablar de corrupción sólo en términos puntuales, cuando aparecen casos em-blemáticos, como pueden ser las contrataciones escandalosas de Covelia o las serias denuncias que pesan sobre Sergio Schoklender. Y también nos hemos acostumbrados a los privilegios que tienen los amigos del poder.

La corrupción en nuestro país no es la ex-cepción, sino una regla que se mantiene constante desde hace décadas, amparada por esa nefasta creencia del “roban pero hacen”.

Nada más alejado de la realidad: estos millones que se pierden con la corrupción son los recursos que no tiene el Estado para poder garantizar a sus ciudadanos condiciones mínimas de salubridad, educación y seguridad. Aquellos que conocemos el Conurbano profundo podemos dar cuenta de ello: allí, este mismo Estado, que es utilizado por hacer negociados, está prácticamente ausente.

Evidentemente existe un poder político que avala, impulsa o es funcional a este tipo de irregularidades. Y es en este punto donde se hace necesario que haya un mayor protagonismo de la Justicia, que no puede, ni debe, mirar para otro lado. En la provincia de Buenos Aires, en las últimas dos décadas prácticamente no hubo funcionarios o ex funcionarios condenados.

Y muchas de las investigaciones que involucraron al poder político de turno terminaron disolviéndose, cajoneadas en alguno de las tantas oficinas de los tribunales.

Se suele decir que la Justicia que es lenta no es Justicia, pero mucho peor es la impunidad.

Nosotros, a cada caso de los mencionados lo hemos llevado a la Justicia, ahora habrá que esperar.