Villa La Angostura > “Tenemos que hacer el relevamiento. Pero lo queremos hacer nosotros”, afirmó el secretario de Estado de Seguridad, Guillermo Pellini. Así, el funcionario provincial reconoció que el Gobierno está en deuda con una obligación que establece la ley 26160, de comunidades indígenas, cuya vigencia fue prorrogada por el Congreso Nacional hasta noviembre de 2013.

Pellini planteó la postura del Gobierno neuquino durante una visita que realizó el fin de semana pasado a esta localidad, junto con la comitiva del gobernador Jorge Sapag.

Reclamo

Reconoció que el relevamiento de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, que establece la ley 26160, y que reclama la Confederación Mapuche Neuquina, “hay que hacerlo”. “Tenemos que hacer el relevamiento. Pero lo queremos hacer nosotros. Queremos que la Provincia lo haga, no que lo haga la Nación”, sostuvo.

Explicó que el Gobierno no quiere que lo haga la Nación, porque “consideramos que este es territorio provincial y nosotros estamos en condiciones técnicas, de recursos humanos y también de recursos económicos como para hacerlo, sin necesidad de que vengan otros a hacerlo”.

Qué dice la ley

El artículo tercero de la norma nacional establece que “durante los 3 primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales”.

Respecto al tema del conflicto por valiosas tierras en el cerro Belvedere, que disputan particulares y la comunidad Paichil Antriao, Pellini dijo que “todo el Ejecutivo tiene una consigna: no dialogar con quienes están usurpando, con quienes están cometiendo delito, de manera que mal vamos a poder llegar a un acuerdo en estas condiciones”.

“Sí estamos apoyando a los propietarios que nos reclaman mejores condiciones de seguridad”, destacó. Pellini advirtió que, “lamentablemente, un delito común está mezclado, a veces, con los legítimos derechos que podrían tener los pueblos originarios. Entonces, no sabemos a veces distinguir lo genuino de lo que no lo es”.

El relevamiento se iba a hacer el año pasado, pero fue suspendido.

Quieren más comunidades

El gobierno neuquino envió en noviembre del año pasado un carta documento al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y a la Universidad del Comahue solcitándoles que se abstengan de instrumentar el relevamiento de tierras sin que en esa actividad participe la provincia. Oficialmente se defendió el relevamiento pero incorporando todas las comunidades mapuches y no sólo las que están en la Confederación y definir con exactitud lo que significa originaria y preexistente en cuanto a la ocupación territorial. En ese momento se produjeron serios incidentes entre comunidades que fueron desalojadas por la Policía y otras ocupaciones que fueron auspiciadas por organismos nacionales.

En medio de la disputa por este relevamiento se encuentra la situación de Pulmarí, una corporación aún en disputa.