“El organismo, que depende de la subsecretaría de Desarrollo Económico del ministerio de Desarrollo Territorial, tiene una planta de 91 empleados que no pertenecen al Estado y trabajan en 3 turnos rotativos los 365 días del año y a la vez realizan cursos de capacitación permanentes. Los salarios se pagan con la recaudación de la tasa de inspección bromatológica. Muchos de ellos tienen más de 10 años de antigüedad”.

Así se explicaba, en la Legislatura, año 2009, el proyecto de ley para consagrar como un ente autárquico al Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios, conocido por su sigla CIPPA, una entidad creada por el gobernador Felipe Sapag en 1997 para comenzar a controlar desde el punto de vista bromatológico los alimentos que ingresaban, hasta esa fecha sin control, a la provincia.

Este proyecto, que como se ve no es nuevo, será transformado en ley, muy posiblemente, este mismo miércoles, con la casi segura aprobación en general en la Cámara de Diputados de la provincia. Será así pese a una despiadada oposición sindical, encabezada en las últimas horas por la CTA, con un método similar al ejercido por la familia Moyano en el gremio de camioneros: apriete con bloqueo de ruta (en este caso el puente Cinco Saltos-Centenario) para conseguir que nos les quiten afiliados a su propia organización.

Durante los últimos dos días, por unas horas, el puente estuvo cortado por la organización que conduce Carlos Quintriqueo. No se oponen a que el CIPPA sea una entidad autárquica, pero quieren que sea integrada por empleados del Estado. Es decir, que los empleados que ya están, pasen a ser planta permanente del Estado, y que sean por ende representados por los gremios del Estado, y no por ninguna otra entidad sindical.

El conflicto seguirá. De hecho, la CTA anticipó ya un paro de 24 horas para el viernes.