La Legislatura aprobó ayer en particular el nuevo Código Procesal Penal de la provincia. La propuesta de permitirle a los mapuches juzgar sus propios conflictos, no prosperó.
No hubo sorpresas. Tan sólo se debió acordar los criterios de cómo abordar el análisis del articulado, en el inicio, y luego todo giró en torno del mayoritario consenso.
A su turno las diputadas Soledad Martínez (Frente Grande) y Paula Sánchez (Libres del Sur) plantearon modificaciones al texto del anexo del artículo primero sobre tres de cuestiones, pero no torcieron el rumbo del debate y se arribó al desenlace esperado de la aprobación.
También terminaron de darle tratamiento ayer al nuevo régimen salarial para los profesionales del sector de la Salud Pública, en el que también hubo propuestas de cambios que, igualmente, quedaron en el camino.
El artículo 35 del, que aborda la competencia que se le asigna a los juicios por jurado -centralmente contempla que juzgará delitos con penas superiores a los 15 años-, fue como sucedió en la etapa de elaboración del proyecto motivo de debate.
Martínez y Sánchez, esgrimiendo una propuesta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) consistente en que se ampliara la competencia a estos tribunales para juzgar delitos de corrupción -peculado, negociaciones incompatibles con la función, entre otros-, solicitaron que se modifica el artículo para admitir esta sugerencia.
"Estos casos son los que generan en la sociedad la sensación de frustración porque nunca llegan a esclarecerse. Son investigaciones que casi nunca llegan a juicio", sostuvo Martínez.
Con un sesgo cuestionador a la presentación del TSJ -"la hicieron en la última reunión de la comisión"-, Marcelo Inaudi defendió el texto finalmente votado y destacó que lejos de no querer darle mayor ámbito de acción a los jurados populares, "queremos avanzar a todos los delitos, pero este es un primer paso. Y en cuanto a las causas de corrupción no olvidemos que el TSJ ya cerró una oficina creada al efecto porque no llegó a ninguna condena".
Yenny Fonfach (UCR) y Martínez volvieron a la carga en su intento para que se modificaran los agrupamientos de profesionales de Salud y así abarcar a otros especialistas en la mejora salarial, pero no llegaron a cambiar el ánimo del resto de los legisladores. Ayer se aprobaban también las leyes sobre violencia familiar y protección integral de la mujer.

Comentá la nota