Neuquén

Así lo afirmó anoche uno de los responsables del evento deportivo más importante del año, Diego Zarba. En declaraciones a AVC Noticias destacó el compromiso de los competidores pese a la erupción del volcán y sostuvo que no se bajó ningún sponsor. Vienen 1600 corredores de 18 países.

Mientras la dirigencia política busca encontrar motivos de alivio a la fuerte crisis económico-social producida por las consecuencias de la erupción del volcán Puyehue, la corporación sindical-estatal no da respiro, y vuelve a los conflictos salariales.

La ordenanza tarifaria se aprobó en primera lectura, con la oposición del MPN y Proyecto Sur.

Fue tiempo de decisiones la semana que pasó para el Municipio de la ciudad. Finalmente se conoció la resolución de la Justicia sobre el transporte público de colectivos y el TSJ le dio la razón al intendente, Martín Farizano, sobre la validez del proceso licitatorio y del decreto a través del cual adjudicó a Indalo el servicio.

La norma sancionada esta semana por la Legislatura provincial ya está siendo analizada por el equipo de trabajo del intendente electo Roberto Cacault, donde hay dudas respecto a algunos artículos.

El gobernador mantuvo el suspenso respecto a quiénes continuarán en el Gabinete en su segunda gestión y adelantó cambios con la recreación de un ministerio de Gobierno y secretarías.

El neuquino Julio Fuentes asumió la secretaría general del Consejo Directivo Nacional de ATE, y en su discurso de asunción recordó cuando estuvo detenido en una comisaría de la capital neuquina.

Los sindicatos del sector estatal se muestran reacios y hasta contrarios al proyecto de ley enviado por Jorge Sapag para modificar el sistema de remuneraciones en el área de salud pública. Pero el gremio de los profesionales considera que corrigiendo algunos detalles “no es un mal proyecto”.

Los proveedores del Estado no solo han formado una asociación, sino que la han definido como “combativa”. Y este jueves hicieron una marcha de protesta y reclamo. Aseguran que el Estado debe más de 320 millones de pesos.

Lo solicitó la Defensoría del Pueblo al Ejecutivo, luego de que se dragara el río el año pasado y quedara a una mayor profundidad.