Los nuevos criterios para la priorización de acciones en el sector productivo comienzan a vislumbrarse tras la adhesión de Río Negro al Pacto Federal Minero.

Días pasados, el ministro de Producción, Juan Manuel Pichetto, asistió al acto en el que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encabezó la firma de un Acuerdo Federal con 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI).

Con la intención de poner en competencia al rubro, las provincias propietarias de los recursos apuntan a tener un mayor ingreso por rentas, a partir de la gestión de empresas públicas que permitan la obtención de nuevos recursos dinerarios.

La primera medida que tomará Río Negro en ese sentido será la reglamentación de la Ley 4.738, según adelantó el secretario del área, Gustavo Ferreyra.

Destacó la suscripción del acuerdo que permitirá a las provincias "participar del negocio minero, la formalización de empresas del Estado y la unificación de criterios de compromisos, estándares ambientales y sociales". Agregó que esto "significará un mayor control y fiscalización por parte de los Estados" hacia las iniciativas y sobre las comunidades impactadas.

La norma sancionada y promulgada a fines del año pasado crea el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minero (Copeam) con una decena de miembros. Tendrá por cometido evaluar estudios de impacto ambiental que ésta función económica pudiera producir.

Uno de los primeros incentivos impulsados para Río Negro quedó establecido en el artículo 7 respecto de que las empresas o figuras jurídicas que ya posean titularidad o derechos de yacimientos minerales de primera categoría (como pueden ser oro o plata) "podrán reanudar sus labores".

Ferreyra explicó a "Río Negro" que "habrá reglas claras" para determinar la participación comunitaria en el marco del consejo ambiental.

Aclaró que falta determinar el momento de las audiencias públicas previstas en el procedimiento de evaluación de proyectos. El funcionario señaló que en el ámbito federal aún no se trató el tema de las regalías porque "cada provincia hará su propio camino" en la búsqueda de ingresos por esa vía. Sin embargo, consideró que "se tomará como caso testigo" la experiencia que está llevando a cabo Santa Cruz por medio de Fomicruz. Esta empresa reúne una participación del 7% en beneficio de algunos emprendimientos (explotación aurífera en Cerro Vanguardia, cerca de Puerto San Julián) y un 12% de acciones.

Insistió en que a cambio de tratar la cuestión de las regalías se piensa en la participación de las jurisdicciones en ganancias o en generar fideicomisos que faciliten el financiamiento de otras propuestas de desarrollo local.