El tema ya tiene aval legislativo en primera vuelta. La idea pretende bajar los índices de delitos con autos.
El Ministerio de Gobierno será el encargado de promover el registro una vez que la iniciativa tome cuerpo efectivo de ley. Durante la última sesión legislativa, los parlamentarios votaron por unanimidad su creación, y confirmado en segunda vuelta, podrá llevarse a la práctica.
La norma hace referencia al Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes (Ley Nº 25.761), y cuyo fin es dotar a las fuerzas de seguridad y autoridades competentes de mecanismos de control de esta actividad.
La propuesta de adhesión provincial al mecanismo nacional tiene como fundamento que una de las prácticas delictivas que atraviesa el complejo entramado de lo que se denomina "inseguridad social" está vinculada a la sustracción de automotores, delito que se efectiviza con la intencionalidad de utilizar lo sustraído para otras prácticas delictivas que hacen a opciones como desguace, falsificación de documentos mellizos y ventas irregulares.
Uno de los principales basamentos es que en 2009 se produjeron 221 delitos entre robos y hurtos en la Provincia de Río Negro, trepando en forma preocupante al año siguiente. En 2010 se detectaron 579 casos entre robos y hurtos.
El autor del proyecto rionegrino, Alejandro Marinao (Frente para la Victoria), afirmó que la pretensión es que rija para toda persona física o jurídica que proceda al desarmado o de un tercero, y para aquellas que comercialicen repuestos usados. Consideró que todo propietario que decida un desarme deberá pedir la baja en el Registro del Automotor más cercano a su domicilio, y cuando se desee recuperar piezas se deberá confeccionar un preciso listado.
Los registros deberán extender un certificado de baja y desarme con datos que describan el vehículo en cuestión, propietario, fecha de baja, identificación del desarmadero, listado de autopartes no reutilizables. Las empresas y aseguradoras, en caso de ser poseedoras de un rodado al que califiquen como de "destrucción total" estarán obligadas a inscribirlos, advirtió Marinao.
Francisco González (Alianza) se pronunció en forma favorable y destacó la importancia de contar con una normativa que controle el origen y destino de las autopartes. Puso como ejemplo a Mendoza donde se redujo un 20% este tipo de delito al adherir a la ley nacional, y puso énfasis en mencionar que "hay que tener en cuenta a varios actores, el que robo, el que esconde, el desguazador, el que vende y el comprador".
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