El gobernador Alberto Weretilneck confirmó ayer la emisión de 130 millones de pesos en certificados de deuda pública denominados Bogar Clase II Serie III para atender la reestructuración de obligaciones durante el año próximo. Esta emisión fue heredada del gobierno anterior y la intención es atender compromisos por unos 188 millones de pesos que administra la Comisión de Transacciones Judiciales.

El decreto Nº 1.546, que sirvió para hacer más prolija la emisión desde el punto de vista administrativo al deslizarse algunos errores de emisión, establece el valor nominal de un peso con fecha de inicio de la serie el 4 de setiembre pasado con un plazo de 192 meses (16 años).

Se aplicará la misma Tasa de Interés Anual para depósitos a Plazo Fijo a 30 días, mientras que la Amortización de Capital será en 156 cuotas mensuales y consecutivas desde el mes 37 al mes 192. Las primeras 60 cuotas serán equivalentes al 0,40%, las siguientes 48 al 0,60%, las 47 restantes 0,98% y una última obligación al 1,14%.

Durante el período de gracia del capital se capitalizarán intereses hasta el sexto mes y serán pagaderos en forma mensual operando el primer vencimiento el 4 de abril de 2013. Si cualquier fecha de vencimiento no fue un día hábil, el pago correspondiente se efectuará el primer día hábil siguiente.

Estos Bogar serán transferibles y cotizables en Bolsa y Mercado de Valores, y además escriturales; indica la norma firmada por el mandatario provincial con el refrendo del ministro de Economía, Alejandro Palmieri.

Estos 130 millones, según las explicaciones oficiales, representan un remanente de una autorización oficial dada en su momento al entonces gobernador Miguel Saiz por 300 millones de pesos.

Serán calzados con el próximo presupuesto para hacer frente a los pasivos (bonos más efectivo) encontrados en prestadores de salud, principalmente del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), Salud Pública; y en tercer término proveedores en obras públicas.

En forma paralela, por Acuerdo General de Ministros -Decreto Ley Nº 2-, el gobierno adhirió a la prórroga para el presente ejercicio de las disposiciones contenidas en la Ley Nacional Nº 26.530 de Responsabilidad Fiscal para mantener los equilibrios en las cuentas y limitar los gastos. Esta norma se viene ratificando en forma anual a fin de atender el déficit, que de acuerdo a algunos parámetros, esta gestión se inició con pérdidas mensuales de 90 millones de pesos y el mes pasado habría tenido un leve superávit de casi dos millones de pesos.