La salida de la Emergencia de Río Negro no modificará el programado mecanismo del pago a los acreedores. Se mantendrá el esquema diseñado, previéndose su cancelación a partir del último bimestre y la reapertura de plazos para seguir con la presentación de deudas anteriores al 2012.

Un primer corte de los expedientes acumulados -que rondan los 200 millones- se abonarán con efectivo, cheques diferidos y bonos. Además, se establecerá otro periodo de tramitación, orientado esencialmente a los "legítimos abonos" de Salud. Se lo estima en más de un millar, con un monto cercano a los 50 millones de pesos.

El proyecto del gobernador, Alberto Weretilneck, de la salida de Río Negro de la Emergencia abrió expectativas pero, por ahora, nada modificará del mecanismo original aunque el texto definitivo -que se conocerá entre mañana y el martes cuando se remita a la Legislatura- "propiciará la instrumentación del esquema" para cancelar esos pasivos del 2011.

En los próximos días, el Ejecutivo elevará otra iniciativa de ley ya concentrada en la fijación de un esquema escalonado para pagar deudas anteriores al 30 de diciembre pasado. Igual se estima que este proyecto recién tendrá tratamiento parlamentario en octubre.

Weretilneck ratificó que esa ley establecerá "forma, modo y tiempo de pago", con tres opciones: "bonos, cheques diferidos y efectivo".

No está definido pero, inicialmente, se prevé que ciertos montos se abonen en efectivo pero el corte estará relacionado a la disponibilidad de Economía, que aún no resolvió.

Otra parte de las obligaciones, según la acreencia, se cancelará con cheques diferidos. La Tesorería dispone de 150 millones con ese mecanismo, según la autorización del último presupuesto. La otra opción son los bonos Bogar II, a 16 años.

El borrador también habilitaría tratamientos diferenciales para acreencias por ciertos servicios esenciales, fijando la posibilidad de propuestas combinadas de pago.

Actualmente, los expedientes siguen en análisis en la Comisión de Transacciones, que conduce el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi e integran el ministro de Economía, Alejandro Palmieri; el secretario Legal y Técnico, Nicolás Rochas, y los legisladores Pedro Pesatti y Facundo López.

Hasta ahora, esa Comisión formalizó seis listas de proveedores. La original con 413 expedientes por 137.143.200 pesos y, posteriormente, se sumaron cinco nuevas nóminas, incluyendo la última a mediados de agosto. Así estima casi 200 millones para el primer proceso de pago. Esta etapa se cerrará y se abrirá otro plazo para evitar mayores demoras, explicaron fuentes gubernamentales.

Ya se sabe de un millar de expedientes de "legítimo abono" de Salud en trámite y que la mayoría está destinada a la Comisión de Transacción. Se proyecta que ese remanente rondará los 50 millones.

La revisión de los expedientes por parte de abogados de la Comisión derivó en ciertas observaciones, como algunos reclamos por "aportes no reintegrables" no cumplidos por el Estado que, obviamente, no son deudas. Otros expedientes de acreencias ya canceladas.

En los listados, Ipross y Salud superan el 60 por ciento de los expedientes, y el resto corresponde, mayormente, a Educación y Obras Públicas.

El próximo proyecto legislativo avanzará en la diferenciación en el pago a esos acreedores. Ya el decreto N° 275 establecía excepciones, apartando del envío a la Comisión de los expedientes menores a los 50 mil pesos, los reclamos por servicios tarifados o financieros, los alquileres, los contratos laborales y aquellos –como obras– financiados con recursos ajenos a Rentas Generales