El jueves se realizará la primera reunión de la Comisión de Transacciones mientras que el Poder Ejecutivo ultima un decreto reglamentario para instrumentar el anunciado análisis de los expedientes por pagar, que se aproximarían a los 500 millones de pesos.

Igualmente, la administración Alberto Weretilneck diseña opciones para flexibilizar ese riguroso y moroso esquema.

En ese contexto, los constructores comenzaron a cobrar obras financiadas con ciertas partidas específicas, medida que ofreció un desahogo financiero a las empresas y la posibilidad de negociar el inicio de otras construcciones, especialmente las destinadas a las refacciones escolares.

El decreto reglamentario fijará el criterio gubernamental en el tratamiento de la deuda del Estado provincial, pero se evalúan posibilidades para dar rápidas respuestas a proveedores y prestadores, especialmente de "servicios esenciales".

Ocurre que la suspensión estatal de los pagos no puede prolongarse mucho, ya que pasaron dos meses desde la suspensión de toda cancelación en referencia a los compromisos anteriores al 10 de diciembre.

Los mismos -según el anuncio- serán analizados por la Comisión, previéndose un plazo de resolución de uno a tres meses. Además resta determinar cómo se cancelarán.

Más allá de que el presupuesto establece la emisión de cheques diferidos hasta 150 millones, el gobierno de Weretilneck analiza la creación de bonos para afrontar esas obligaciones.

En principio, el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi convocó para el jueves a esa comisión que preside y además está integrada por los legisladores Pedro Pesatti y Facundo López, el secretario Legal y Técnico, Nicolas Rochás y el titular de Hacienda, Emmanuel Tobares.

Los técnicos gubernamentales redactan el decreto reglamentario aunque hay pautas centrales que todavía no están definidas. Debe resolverse, por caso, si se incluiría un monto para excluir partidas menores o, por el contrario, si se enviará la totalidad de los expedientes.

Trato diferenciado

En la idea de flexibilizar el esquema, el gobierno apartará de esa revisión a las deudas originadas por el uso de la partida de fondos permanentes. De esta manera, las empresas constructoras lograron un pago de 20 a 25 millones de pesos por esa particularidad. Otros 60 millones serán incorporados al análisis de la Comisión.

En cambio, los prestadores y proveedores del Ipross y de Salud totalizan acreencias por más de 200 millones.

Por ahora, el decreto no ofrecería diferenciación y esos expedientes caerán también en ese tratamiento excepcional.

En Economía se admite que el monto final de los pasivos aún no esta precisado porque distintos ministerios u organismos continúan con el relevamiento.

Hasta el momento la cartera a cargo de Alejandro Palmieri tiene un registro de unos 400 millones de pesos, pero a partir de los listados ministeriales las deudas se aproximarían a los 500 millones. Desde el próximo jueves, la Comisión de Transacciones tratará los expedientes a pagar del Estado provincial.