Río Negro concurrió a la Anses con el reclamo por la exclusión de medio centenar de funcionarios de la Justicia del régimen previsional del 82 por ciento móvil. Se trata del fiscal General y los defensores, que la Justicia preveía para este nuevo sistema, pero quedan afuera porque la lista del convenio no incluye explícitamente a esos cargos.

La semana pasada, el ministro de Hacienda, Carlos Oliva, asistió a la Anses para solicitar que se efectúe una interpretación jurídica y se respete el criterio original de la incorporación de jueces y funcionarios judiciales, alcanzando al fiscal general, actualmente Nélson Echarren y los distintos defensores. Al ministro lo acompañaron el vocal del STJ, Alberto Balladini y la secretaria de la Función Pública, Delia Dieterle.

El equipo de Anses –que encabezó el gerente de Asuntos Interjurisdiccionales, Christian Mikkelsen Loth– prometió un análisis de la situación pero no ofreció respuesta concluyente.

Este rechazo constituye un obstáculo y una demora imprevista en la implementación del 82 por ciento móvil para la Justicia rionegrina.

Todavía, además, persiste la duda sobre cómo se abonará la deuda generada por los adherentes porque la provincia demora la firma de un convenio con la AFIP para su cancelación en cinco años.

En mayo pasado, Anses desistió de la inclusión del fiscal general y de los defensores judiciales en el régimen jubilatorio de la ley 24018 (82%). Esas categorías no figuran puntualmente en la nómina de la ley Nº 4449, que se aprobó a fines de setiembre pasado y respetando un convenio rubricado en el 2007 por el gobernador Miguel Saiz y el ex presidente Néstor Kirchner.

Por nota, en principio, Mikkelsen Loth respondió a Río Negro que existe una "nominación precisa y restrictiva acordada, siguiendo los lineamientos del resto de las provincias en similares condiciones en materia jubilatoria".

La misiva ratifica que "no están alcanzadas" todas aquellas personas que no figuran en los cargos mencionados.

La presencia rionegrina en Anses pretendió retomar la cuestión y el debate por el rechazo del organismo previsional. El argumento provincial consiste en que existen funcionarios judiciales de igual status o menor jerarquía de los que están afuera de la nomina. Por ejemplo, no se acepta al fiscal general aunque se admite a los fiscales.