El titular del organismo reiteró que quienes sean sorprendidos vendiendo “la llave” serán desadjudicados inmediatamente y eliminados del padrón de solicitantes. Pidió a toda la comunidad a denunciar para evitar este tipo de negocios movido por la especulación.

En el último tiempo se han multiplicado en los periódicos locales los avisos clasificados: “Vendo llave de vivienda” y “Compro llave de vivienda”, en su mayoría con carácter de “urgente”, referidos en todos los casos a viviendas sociales, muchas de ellas recientemente entregadas. A esto hay que sumarle aquellos avisos en los que no se ofrecen especificaciones sobre el tipo de inmueble, algo de lo que los interesados recién se toma conocimiento al contactar telefónicamente al vendedor. En esto último se inscribe el caso de un aviso que detallaba: “Vendo casa a estrenar $45.000”, y se trataba de una de las 32 viviendas entregadas en septiembre del año pasado en inmediaciones de las avenidas España y Soberanía Nacional, en Barranqueras, correspondientes al plan ejecutado con fondos derivados de la Anses.

El presidente del Inistituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), José Valentín Benítez, insistió ayer en la vigencia de la prohibición de realizar operaciones inmobiliarias en torno a las viviendas sociales, cualquiera sea el programa con el que se hayan ejecutado.

El funcionario advirtió de esta manera sobre las sanciones que se aplicarán a aquellos adjudicatarios que sean sorprendidos lucrando o pretendiendo lucrar con estas unidades: “Si se verifica la venta o la intención de vender las casas, los titulares no sólo serán desadjudicados directamente, sino que serán excluidos definitivamente del padrón de inscriptos; y otro tanto sucederá con la contraparte de este tipo de operaciones”, remarcó.

Benítez lamentó que haya adjudicatarios que se hayan inscripto con fines estrictamente especulativos, y que aprovechen la oportunidad de un techo propio que les da el Estado para hacer un negocio. En el mismo sentido, dijo que el Instituto encara permanentemente campañas orientadas a evitar este tipo de maniobras, pero que, a la luz de los acontecimientos, está demostrado que no surten demasiado efecto: “A pesar de la prohibición, sigue habiendo vivos que disfrazan de necesidad su intención de hacer un negocio inmobiliario con recursos públicos”, graficó, y lamentó que “algunos lucren mientras hay tantas familias siguen esperando una oportunidad como la que ellos dilapidan”.

Hay que denunciar

El Ipduv llamó a la ciudadanía en general a denunciar en sus oficinas cualquier tipo de negociado en torno a las viviendas sociales. En cada caso, aseguró que el organismo hará la investigación y las presentaciones judiciales pertinentes, tal como sucediera en los últimos días con una de las viviendas de La Rubita, ejecutadas por el programa Sueños Compartidos, de la fundación Madres de Plaza de Mayo. “En ese caso hay una denuncia penal y esperamos la resolución de la Justicia”, contó, y adelantó que se trabaja en la corrección de algunas falencias de tipo administrativo para agilizar el proceso de desadjudicación en estos casos.