Hacían más de 40 grados a la hora de la siesta en Aguas Blancas. Los comercios de la localidad que viven de la frontera estaban cerrados. Pero el mercado negro no tiene descanso y a unas cuadras de ahí, un pequeño ejército de bagayeros acomodaba los bultos contrabandeados para llevarlos a su destino final en la ciudad de Orán. Más de 3.000 oranenses llevan el pan a su casa contrabandeando mercadería desde Bermejo, en Bolivia; además, 800 comerciantes de Salta capital llegan todos los días para comprar lo que venden en sus negocios.

Solo en la zona de Orán, Gendarmería Nacional secuestró, durante 2010, ropa y zapatillas por más de 40 millones de pesos. Lo incautado sería comercializado, en su mayoría, en Córdoba y Tucumán. En la frontera, el contrabando, además de ser un delito, es hoy una de las principales fuentes de trabajo y un problema de difícil solución para las autoridades.

Está a la vista de todos. Sobre las arenas del río Bermejo se forman dos hileras humanas separadas por 300 metros. En la primera se realizan los controles de la Aduana a todos los que ingresan al país. En la segunda, unos hombres cargan bultos más grandes que ellos y avanzan a toda marcha, en una perfecta imitación de las hormigas. En ese lugar de vegetación exuberante los caminos se multiplican y los controles pierden efectividad ante la evidente superioridad de los contrabandistas.

Para el comandante Néstor Galeano, del Escuadrón 29 de Gendarmería Nacional en Orán, el contrabando es una de sus principales preocupaciones. “Constantemente tratamos de encontrar una solución a este tema tan complejo, que no pasa solo por la comisión de un delito o de una infracción. El contrabando en esta zona tiene implicancias sociales y culturales, lo que lo transforma en una problemática muy amplia. Sería un error no abordar el asunto en conjunto con las demás organismos del Estado”, le dijo a El Tribuno.

Ramón Valor es el juez subrogante del juzgado federal de Orán y momentáneamente le toca vivir en carne propia las implicancias de esta situación. “La persona común se pregunta por qué lo revisan de punta a punta en la frontera, mientras por al lado pasan bultos más grandes que los hombres que los cargan. Creo que en el fondo hay un problema social, propio de todos los sitios de frontera. Familias enteras obtienen sus ingresos a través de ese contrabando hormiga, que mueve mucho dinero”, le había dicho a El Tribuno.

“No podemos controlar 100 autos, uno atrás del otro. Eso es aleatorio y también se basa en las características que pueda identificar el gendarme en cada vehículo. Gendarmería controla que no se comentan delitos o infracciones, en este caso que vulneren los reglamentos de la Aduana. Si una persona está pasando un bulto de manera ilegal es una infracción. Si un comerciante contrató a 20 bagayeros para pasar ilegalmente la mercadería es un delito”, explicó por su parte el comandante Galeano. La Justicia, según Valor, pone su atención en los grandes comerciantes, que son los que obtienen los mayores réditos.

“Por un lado están los explotados, familias que viven de un trabajo tremendamente sacrificado. Por el otro, hay capitales muy importantes afectados a la actividad. Estos son la principal preocupación de las fuerzas de seguridad. Mientras estos controles sobre los grandes capitales sigan dando resultados, el comercio hormiga no será tan preocupante. Pero siempre y cuando se consiga que los grandes capitalistas tributen y paguen en la Aduana lo que corresponde”, había dicho.

Los bagayeros

Del otro lado de esta realidad están los bagayeros. Los que ponen el cuerpo para trasladar todos los días mercadería que no pasa por la frontera. Según la Encuesta Permanente de Hogares, en el segundo semestre de 2011 Salta tuvo una desocupación del 11,5%. El trabajo en negro en la provincia, según los mismos indicadores, llega al 44,1%, sólo superada por Santiago del Estero. Muchos habitantes de Orán no tienen suerte para entrar a trabajar al ingenio El Tabacal o en una finca de la zona. Tampoco encuentran trabajo en la industria maderera o de hidrocarburos, menos en la municipalidad.

Aldo Mendoza es bagayero. Su trabajo es cruzar de contrabando mercadería ilegal desde Bolivia, hasta Orán. Mendoza es uno de los representantes de estos trabajadores y cuando hay una protesta social o un corte de ruta, es común verlo encabezar la marcha. Según Mendoza, 3.000 bagayeros se ganan el pan con esta actividad clandestina en Orán y Aguas Blancas. “Pero todos los días llegan 800 comerciantes desde Salta capital que pasan y venden por su cuenta la mercadería. Ellos no ocupan pasadores”, aseguró. “No tenemos otra forma de vida.

En las fincas están pagando $50 por día y eso no alcanza. En el ingenio cuando se jubila uno contratan al hijo y en la municipalidad no hay trabajo ni para 10 personas”, dijo.

“Es un trabajo duro. Todos los años se nos muere uno. Nosotros trabajamos para comer, pero todo Orán se beneficia con los bagayeros. No pasamos cocaína, sino ropa para poder comer. El 23 de diciembre murió un pasador por insolación. Esperamos durante tres horas la ambulancia y mientras tanto los gendarmes le quitaron su lona. Estamos en una guerra diaria con Gendarmería”, dijo Mendoza.

Por su parte, el comandante Galeano, graficó la función de Gendarmería en ese tema tan complejo. “No estamos para perjudicar a la gente, sino para proteger al ciudadano que está en regla y que sufre una competencia desleal. Por otra parte, hay que entender que nosotros no hacemos ninguna interpretación de la ley, sino que la hacemos cumplir. Sólo ponemos al infractor en manos de la Aduana y al que delinque ante la Justicia”, afirmó el comandante.

Estuvo presa

María Guzmán estuvo detenida ocho días por contrabandear ropa y zapatillas. Quedó libre justo para pasar las fiestas con sus tres hijos, porque es madre soltera. “Estábamos en una camioneta cargada de mercadería y Gendarmería nos frenó. Éramos tres mujeres y chicos. Yo quedé detenida porque decían que los agredí y que impedí que secuestren la mercadería. Pero yo les dije a unos changos que estaban ahí que se lleven todo, porque es mejor, antes que se lo queden ellos. Tengo cuatro o cinco causas, pero me soltaron porque no tenían pruebas. Decían hasta que había maleantes con palos y armas”, le contó a El Tribuno. “No puedo dejar de bagayear. No tengo estudios y acá no hay trabajo. Lamentablemente yo tengo que vivir de esto”, agregó.

Factor político

“Muchas veces cuando se ajustaron los controles hubo grandes presiones, hasta un intento de copamiento en el puesto 28 de Gendarmería, sobre la ruta 50. Es un conflicto muy serio, que lleva mucho tiempo. También hay que reconocer que está el poder político en el medio. Si aumentan los controles inmediatamente te está llamando un intendente, un diputado o un concejal para flexibilizar el control y evitar las protestas sociales. Evidentemente hay que reconocer que si hay taxis y colectivos a 100 metros del control pasando mercadería es porque hay una superación. Pero también es cierto que resulta imposible cubrir tanto territorio”, dijo el juez subrogante del juzgado federal de Orán, Ramón Valor.