La llamada ley Antiterrorista, que permite perseguir e intimidar a periodistas y medios de comunicación que realizan investigaciones que comprometen al poder político y económico, en los hechos ya está aplicándose en la provincia de Buenos Aires. Sólo así puede entenderse la decisión del juez platense Diego Tatarsky, quien, en un claro intento de intimidación, ordenó que se lo tomaran seis juegos de fichas dactiloscópicas a la directora del diario Hoy, la señora Myriam R. Chávez de Balcedo, a fin de requerir informes al Ministerio de Seguridad bonaerense y al Registro Nacional de Reincidencia.

La señora directora, obviamente, está a disposición de la Justicia y cumplirá con esos requerimientos siempre y cuando los imputados en la denuncia periodística que oportunamente realizó este medio por el supuesto cobro de coimas (que generó el conflicto en cuestión), una jueza y un alto funcionario público, hagan lo mismo.

Lo que está ocurriendo es un verdadero ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información que consagra la Constitución nacional. Está enmarcado en una denuncia realizada Ana María Logar, titular del Juzgado en los Contencioso Administrativo nº 2 de La Plata, y el fiscal de Estado bonaerense, Ricardo Szelagowski, quienes intentan ponerse en lugar de víctimas. En realidad, ambos están seriamente comprometidos en la mencionada investigación periodística, publicada en el año 2009, que dio cuenta sobre graves irregularidades, incluido el pago de coimas, que habrían tenido lugar durante el proceso mediante el cual se extendió hasta el año 2021 la licencia a la empresa española Codere para que siga explotando el Bingo Platense.

En ese sentido, el entramado judicial que se está tejiendo en torno a esta causa puede llegar a constituir un antecedente nefasto para el periodismo independiente y el desarrollo de las investigaciones periodísticas. Se está yendo a contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la ley que despenalizó el delito de calumnias e injurias, que se aprobó luego de las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino.

Los hechos

A fines de 2008, el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia había presentado una demanda contra Codere en la Justicia penal de La Plata por lavado de dinero, falsas contrataciones, defraudaciones, estafas y otras irregularidades detectadas en la liquidación de las máquinas tragamonedas. Meses después, venció la licencia del Bingo Platense, con lo cual la empresa española debería haber abandonado el negocio. Pero fue entonces cuando apareció la jueza Logar, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por Codere, y le permitió seguir operando el Bingo, con la licencia vencida, haciendo caso omiso a la pesada denuncia que había presentado el propio gobierno provincial. Eso no fue todo: el fiscal de Estado, en lugar de defender los intereses de la Provincia, se hizo el desatendido y habría evitado presentar la correspondiente apelación, permitiendo que la medida de innovar de la jueza quedara firme. En ese contexto, distintas fuentes consultadas por este diario aportaron datos que hablaban sobre manejos oscuros y supuestos pagos de coimas dado que, a todas luces, la medida judicial actuó como una pantalla para que las partes negociaran. Esta información fue la base de las investigaciones oportunamente publicadas.

Los hechos no hicieron más que confirmar las denuncias de este medio dado que, semanas más tarde de la medida judicial emitida por Logar, Codere obtuvo la renovación automática de la licencia, utilizando para ello un decreto del gobierno de Felipe Solá (que jamás fue ratificado por la

Legislatura). Ello le permitirá seguir administrando el Bingo Platense durante una década más, hasta 2021, comprometiendo así las futuras dos gestiones gubernamentales.

Algunos jueces, en lugar de investigar la gravedad de lo denunciado por este diario, optaron por atacar al periodismo independiente. Así fue como, luego de un juez en primera instancia decidiera archivar la denuncia de Logar y Szelagowski, atendiendo a ley nacional que despenalizó los delitos de calumnias e injurias, la Cámara de Apelaciones ordenó de forma escandalosa investigar si lo denunciado por el diario era de “interés público”.

Tras la decisión del tribunal de alzada, varios jueces de primera instancia se excusaron de intervenir en la causa, hasta que apareció Tatarsky. Dudar del interés público que tienen los negociados que se tejen en torno al juego es lisa y llanamente una verdadera aberración jurídica dado que, además de haberse confirmado lo anticipado por el diario, como es la renovación automática de la licencia, este multimillonario negocio solamente se puede llevar a cabo a partir del respaldo que le otorga el poder político y el amparo que le brinda el propio Estado.

Se vienen nuevas renovaciones de licencias

El diputado provincial Walter Martello afirmó que “seguir renovando las licencias de los bingos por 15 años, como se viene haciendo desde hace más de un lustro, es comprometer a las tres próximas gestiones a cumplir con compromisos relacionados a un negocio oscuro, que se teje a espaldas de la sociedad”.

En la Provincia operan 46 salas de juego. Las licencias de 18 de estas salas ya fueron otorgadas, durante la gestión de Felipe Solá, con vencimiento unificado en junio de 2021. Del resto, cuatro vencieron en 2009: Mar del Plata, San Martín, Mar de Ajó y Moreno; una en 2010: Quilmes, y dos en 2011: Avellaneda y Zárate. Este año vence el permiso de explotación para las salas ubicadas en Berazategui -en abril próximo- y en Hurlingham -en julio-. Pero en los próximos tres años quedará por renovar casi la totalidad del resto de las salas. El próximo año, por ejemplo, deberán prorrogar las salas de Morón, Adrogué y Ramallo; en 2014, las ubicadas en San Clemente, Ramos Mejía, San Miguel, Solano, Lomas del Mirador, Necochea, Pilar, Quilmes, Luján y San Justo; y en 2015, Chivilcoy.

Martello también alertó acerca de la posibilidad de que este nuevo contexto pueda ser utilizado por el zar kirchnerista del juego, Cristóbal López (foto), para ingresar a la Provincia, a partir de la compra que hizo del bingo de Los Polvorines, que podría ser trasladado a otro municipio bonaerense, como San Isidro o Vicente López.

Un tema de auténtico interés público

El interés público que reviste el negocio del juego, y los oscuros vínculos que mantiene con sectores del poder político y judicial, está dado por la evidente falta de controles que existe en torno a una actividad que, sólo en lo que se refiere a las máquinas tragamonedas de la Provincia, reporta ingresos anuales por 6.000 millones de pesos. Estos recursos, en su gran mayoría, provienen de los sectores socialmente más postergados, que ven en el juego la única forma de sobrevivir, pudiendo perder todo su patrimonio en un abrir y cerrar de ojos.

Los estragos sociales que está provocando esta actividad fueron advertidos, en forma reiterada, por las máximas autoridades de la Iglesia, mensaje que evidentemente no escuchó la jueza Logar cuando permitió que siga funcionando un bingo que tenía varias denuncias en su contra.

La ausencia de controles por parte del Estado, sumado a la inacción de la Justicia, hoy permite que las empresas que regentean el juego en nuestro país obtengan ganancias que no consiguen en ninguna parte del mundo. Los números hablan por sí solos: según el propio balance presentado por Codere, cada máquina tragamoneda que tiene la compañía en la Provincia le otorga ingresos en euros cinco veces superiores a lo que lo que consigue en Europa, donde existen estrictos controles y donde los bingos, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, deben cumplir con la ley Antitabaco.

Otros beneficios que tienen las empresas de juego de azar es que, en la Provincia, pagan un irrisorio canon del 34%, absolutamente exiguo en función de sus ganancias millonarias, y además se encuentran exentas del pago de tasas municipales.