Negocian el pase de las DDJJ a la FIA

El diputado provincial del PJ, Mariano Fernández, adelantó que en una o dos semanas la comisión de Asuntos Constitucionales podría emitir un dictamen favorable para que las declaraciones juradas de los funcionarios y agentes públicos pasen a ser controladas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en lugar del Tribunal de Cuentas.
El legislador detalló que además de un proyecto propio sobre cambios parciales a las leyes 1830 (Orgánica de la FIA) y 1252 (Declaraciones Juradas de Funcionarios y Agentes), existe otro del radical Martín Berhongaray promoviendo modificaciones a dos artículos de la primera norma, por lo que existen negociaciones para unificarlos. De hecho, ayer en la reunión de comisión, el diputado oficialista transmitió al Frepam la idea de sacar el dictamen y desde la oposición quedaron en analizar la propuesta.

El propio titular de la FIA, Juan Carlos Carola, y los responsables del TdeC ya dieron el visto bueno para que el control de las declaraciones cambie de órbita. "Yo hablé con el fiscal y se mostró austero en sus pedidos -dijo Fernández, presidente de Asuntos Constitucionales-. Con mucha lógica solicitó un contador y convinimos en que debe existir un período de transición. A su vez sería una forma de descentralizar las tareas del Tribunal de Cuentas, que se comprometió, si se aprueba la ley, a entregar los soportes magnéticos con los que hoy controla las DD.JJ.".

La ley 1252, que fue modificada hace algunos años por la 2039, indica expresamente cuáles son los funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado que están obligados a presentar sus declaraciones juradas. La última norma -sancionada en el marco de una llamada reforma política que nunca fue tal- incluyó más requisitos, como por ejemplo informar bajo juramento "todos los bienes, rentas e ingresos de cualquier naturaleza, así como las deudas que tuvieren, con las especificaciones necesarias para conocer con exactitud la situación patrimonial".

También se previó que los funcionarios y empleados jerárquicos detallen "los consumos mensuales de tarjeta de crédito y débito; y saldos de cuentas corrientes y cajas de ahorro, por un período de un año anterior". Las declaraciones deben incluir esos mismos datos del "cónyuge y de las personas sometidas a la patria potestad, tutela o curatela".

Esto último provocó en su momento una rebelión de los jueces, a tal punto que el Superior Tribunal de Justicia dictó una resolución declarando "inaplicable" esas modificaciones. Se trató de una respuesta corporativa ya que la Justicia se negó a entregar las DD.JJ. ante el TdeC y, por reglamentación, dispuso que las planillas sean reservadas y se entreguen bajo sobre cerrado a la Procuración. Ello de por sí es una iniquidad ya que los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo cumplen el trámite en el Tribunal de Cuentas y sus patrimonios son públicos (aunque no totalmente) y no secretos.

Dos artículos.

Berhongaray, que también integra la comisión de Asuntos Constitucionales, propuso el año pasado cambios en los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En el primero busca sustituir la frase "podrá dar" por "deberá dar" a publicidad las resoluciones definitivas; y en el segundo contempla que el denunciante intervenga en las actuaciones y hasta proponga la realización de pruebas, algo que ahora no ocurre.

"En principio, el justicialismo estaría de acuerdo con la primera modificación, aunque no con la ampliación de facultades a favor del denunciante", indicó el diputado radical. Acotó que, a priori, personalmente está a favor de que la FIA fiscalice las declaraciones juradas, aunque la postura final surgirá del bloque opositor.

Otro proyecto relacionado con estos temas fue presentado a fines de julio por el diputado del ARI, Juan Carlos Scovenna, quien le hizo un agregado al artículo 1 de la ley de Declaraciones Juradas: que los funcionarios y agentes presenten un libre deuda de impuestos provinciales (inmobiliario, ingresos brutos, vehículos, sellos, etc.) expedido por la Dirección Provincial de Rentas y las municipalidades.

El fundamento fue que de esa manera "se cumplirá con el deber moral necesario para exigir desde el Estado" la misma conducta a la ciudadanía. Además Scovenna recordó que el propio Estado le pide a sus proveedores la presentación del certificado de cumplimiento fiscal para acceder a la venta de sus productos o servicios.

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