El diputado provincial del PJ, Mariano Fernández, adelantó que en una o dos semanas la comisión de Asuntos Constitucionales podría emitir un dictamen favorable para que las declaraciones juradas de los funcionarios y agentes públicos pasen a ser controladas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en lugar del Tribunal de Cuentas.
El propio titular de la FIA, Juan Carlos Carola, y los responsables del TdeC ya dieron el visto bueno para que el control de las declaraciones cambie de órbita. "Yo hablé con el fiscal y se mostró austero en sus pedidos -dijo Fernández, presidente de Asuntos Constitucionales-. Con mucha lógica solicitó un contador y convinimos en que debe existir un período de transición. A su vez sería una forma de descentralizar las tareas del Tribunal de Cuentas, que se comprometió, si se aprueba la ley, a entregar los soportes magnéticos con los que hoy controla las DD.JJ.".
La ley 1252, que fue modificada hace algunos años por la 2039, indica expresamente cuáles son los funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado que están obligados a presentar sus declaraciones juradas. La última norma -sancionada en el marco de una llamada reforma política que nunca fue tal- incluyó más requisitos, como por ejemplo informar bajo juramento "todos los bienes, rentas e ingresos de cualquier naturaleza, así como las deudas que tuvieren, con las especificaciones necesarias para conocer con exactitud la situación patrimonial".
También se previó que los funcionarios y empleados jerárquicos detallen "los consumos mensuales de tarjeta de crédito y débito; y saldos de cuentas corrientes y cajas de ahorro, por un período de un año anterior". Las declaraciones deben incluir esos mismos datos del "cónyuge y de las personas sometidas a la patria potestad, tutela o curatela".
Esto último provocó en su momento una rebelión de los jueces, a tal punto que el Superior Tribunal de Justicia dictó una resolución declarando "inaplicable" esas modificaciones. Se trató de una respuesta corporativa ya que la Justicia se negó a entregar las DD.JJ. ante el TdeC y, por reglamentación, dispuso que las planillas sean reservadas y se entreguen bajo sobre cerrado a la Procuración. Ello de por sí es una iniquidad ya que los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo cumplen el trámite en el Tribunal de Cuentas y sus patrimonios son públicos (aunque no totalmente) y no secretos.
Dos artículos.
Berhongaray, que también integra la comisión de Asuntos Constitucionales, propuso el año pasado cambios en los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En el primero busca sustituir la frase "podrá dar" por "deberá dar" a publicidad las resoluciones definitivas; y en el segundo contempla que el denunciante intervenga en las actuaciones y hasta proponga la realización de pruebas, algo que ahora no ocurre.
"En principio, el justicialismo estaría de acuerdo con la primera modificación, aunque no con la ampliación de facultades a favor del denunciante", indicó el diputado radical. Acotó que, a priori, personalmente está a favor de que la FIA fiscalice las declaraciones juradas, aunque la postura final surgirá del bloque opositor.
Otro proyecto relacionado con estos temas fue presentado a fines de julio por el diputado del ARI, Juan Carlos Scovenna, quien le hizo un agregado al artículo 1 de la ley de Declaraciones Juradas: que los funcionarios y agentes presenten un libre deuda de impuestos provinciales (inmobiliario, ingresos brutos, vehículos, sellos, etc.) expedido por la Dirección Provincial de Rentas y las municipalidades.
El fundamento fue que de esa manera "se cumplirá con el deber moral necesario para exigir desde el Estado" la misma conducta a la ciudadanía. Además Scovenna recordó que el propio Estado le pide a sus proveedores la presentación del certificado de cumplimiento fiscal para acceder a la venta de sus productos o servicios.

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