En forma reservada pero constante, intendentes de diversos signos partidarios llevan adelante negociaciones con funcionarios del Ejecutivo provincial en busca de recuperar los fondos que perderán durante el año por la modificación que la Provincia introdujo a la forma de calcular los montos coparticipables que reciben los municipios.

Producto de la aplicación de un nuevo índice de reparto de fondos para el que se tienen en cuenta diversas variables como extensión territorial, población, aspectos tributarios, afluencia turística y prestación de servicios de salud, 77 municipios se verán afectados con una baja de los recursos que les gira la Provincia, mientras que 57 se beneficiarán con ingresos mayores.

Por eso, varios de los intendentes "afectados" vienen desfilando por los despachos técnicos del ministerio de Economía y las oficinas políticas de la Jefatura de Gabinete en busca de una compensación para esa imprevista caída de los recursos de origen provincial.

Algunos de los jefes comunales que fueron con el planteo de fondo de cambiar la ley de coparticipación a la que consideran "injusta", se toparon la negativa oficial. "Hay que sentar a los 135 intendentes a una mesa y ponernos de acuerdo. Lograr ese objetivo es muy difícil y además no están dadas las condiciones políticas para iniciar una reforma de esas características", fue la explicación que escuchó en el ministerio de Economía uno de los alcaldes que llevó el reclamo.

En efecto, surge complejo que un intendente se avenga a suscribir una baja en los recursos que recibirá de la Provincia. Es, en rigor, casi un calco con lo que ocurre en el siempre frustrado debate por la ley de coparticipación federal que en forma espasmódica surge desde el territorio bonaerense.

Frente a esta situación, una de las alternativas que empezó a ponerse en juego es la de lograr una compensación. Algunos intendentes han ido a pedir un adelanto de coparticipación por un monto similar al que dejarán de recibir durante el año, con la esperanza de que ese anticipo sea luego "perdonado", es decir, que no sea descontado de los giros sucesivos que debe hacer la Provincia.

Hace algunas semanas, un grupo de intendentes del Conurbano encabezado por Julio Pereyra (Florencio Varela), estuvo analizando alternativas en la Jefatura de Gabinete en busca de delinear un mecanismo compensatorio.

Uno de los aspectos que cambió el cálculo de recursos que recibirá cada comuna fue el resultado del censo 2010. Y como la población es tomada como una de las variables, tuvo su peso a la hora de la definición.

Pero varios municipios han puesto el grito en el cielo porque, aseguran, se cometieron errores en la carga de los datos. En Almirante Brown, sostienen que el censo arrojó como resultado que existen 560 mil pobladores, pero en el municipio contabilizan 596 mil. Y en Dolores, los funcionarios municipales acusan una situación similar.

No es la única queja: varios intendentes que no tienen hospitales a cargo se quejan de colegas que supuestamente "inflan" la cantidad de camas ocupadas que tienen en los nosocomios para, de esa forma, obtener más fondos coparticipables.

"Esa documentación debería ser auditada por el ministerio de Salud", dicen, "porque de otra forma el que tiene hospital pone lo que quiere".

La cuestión es por demás compleja porque, además, la situación financiera de la Provincia dista bastante de ser holgada. "Va a ser un año duro", es la definición que se escucha ya desde fines del año pasado en el ministerio de Economía.

PROYECTO

Legisladores de la oposición han presentado en las últimas semanas proyectos en busca de atenuar la caída de ingresos. Uno de ellos, impulsado por el senador radical Orlando Costa, plantea elevar del 16,14% al 17,14% el total de fondos que distribuye la Provincia entre los municipios.