Sapag había propuesto compensar por distintos mecanismos, como por ejemplo obra pública, lo que la provincia reclama del Estado nacional por vía judicial. Concretamente, llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto por regalías mal liquidadas.

Las señales que recibió el gobernador neuquino no fueron las mejores. La reunión con la Presidenta no fue. Cristina Fernández prefirió sentarse con los gobernadores de Corrientes y Catamarca, justamente para firmar el ingreso al plan de refinanciamiento de esas dos provincias. El gobierno anunció orgullosamente que “el 88 por ciento” de las provincias accedía así a lo que denomina el kirchnerismo “desendeudamiento”.

Mientras, Sapag era atendido en oficinas inferiores. Estuvo con el Jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, y con el subsecretario de Hacienda, un viejo conocido de las provincias, Juan Carlos Pezoa. Después de esas reuniones, se informó que se consideraría la extensión del plazo para las negociaciones por la deuda. Pero también se dejó trascender que el gobierno de Cristina se mantendría inflexible en exigir que se retiren los juicios contra el Estado nacional. Esto, con el argumento –un tanto escolar- de que no se puede sentar un “mal ejemplo” que podría ocasionar protestas de otras provincias.

Todo ocurrió el mismo día en que el presidente electo del MPN, Jorge Sobisch, hizo notar que el mismo Fiscal de Estado, Raúl Gaitán, a través del informe presentado en la Legislatura, había expresado con bastante claridad que los peritos que trabajaron el juicio neuquino habían estimado la deuda por regalías mal liquidadas en 3.400 millones de dólares. Y que la secretaría de Energía la había “pesificado” en 4.700 millones (ver nota aparte).

También este martes, se dio a conocer un crítico documento de la UCR –comité capital- neuquina, recogiendo la postura esgrimida por los diputados provinciales de ese partido, en el sentido de que “podrán renegociarse los otros reclamos, pero éste que señalamos (el juicio por regalías mal liquidadas) ya tiene una deuda consolidada y reconocida por el estado nacional” por lo que “de ninguna manera puede renunciarse a un derecho plenamente adquirido, y que solo requiere del fallo de la Corte, decisión que extrañamente tiene una mora de mas diez años”.