En este marco, resaltó que las partes lograron un “gran avance” en materia de recategorización del personal de la administración pública, manifestando que “el gobierno trabajó en base a un proyecto que propusieron desde el Frente de Gremios Estatales en reuniones anteriores”. “Hicimos una reformulación de ese proyecto y encontramos una acogida muy favorable a la propuesta, porque existe una coincidencia categórica en respetar la carrera administrativa y recomponer las medidas en esta materia a partir de un trabajo en conjunto entre los gremios y el gobierno”, explicó.

Aclaró, que aún no se habló de porcentajes, “porque existe el consenso de que la discusión provincial depende mucho de la fijación de la pauta nacional y que en ese sentido”, precisó y puntualizó que “tanto las entidades gremiales como el gobierno están muy expectantes a la definición nacional y en cuanto se materialice la misma, en la provincia estaremos en condiciones de avanzar en propuestas más concretas”.

En cuanto a la carrera administrativa, dijo que se dialogó respecto a un proceso de recategorización, “aunque no en la modalidad que se viene instrumentando en los últimos años, con mecanismos que muchas veces son injustos, ya que benefician a algunos, pero perjudican a otros”, indicó.

Remarcó Insausti, que “la idea es trabajar en un nuevo mecanismo que probablemente demande un tiempo más de trabajo, pero hay mucha voluntad por parte de los gremios de aportar su experiencia en esta materia y, sobre todo, controlando este proceso para que sea transparente y equitativo”.

PROCEDIMIENTO

DE REUBICACION

Por otra parte, al ser consultado sobre ocurrido el jueves último, cuando un grupo reducido de personas agredió a personal policial mientras se llevaba a cabo la relocalización de familias que se encontraban asentadas en un terreno privado del barrio

Los Perales, el Ministro explicó que “no se trató de un desalojo, sino de un proceso de reubicación voluntaria, ya que la Provincia de Jujuy, a través del programa ‘Un lote para cada familia jujeña que lo necesite’, los invitó a que se reubiquen en un predio en el barrio Alto Comedero”. Jornadas previas al operativo, personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tuvo contacto con los interesados, quienes mayoritariamente estuvieron de acuerdo con el proceso de reubicación a terrenos que el Estado les asignará y cuya situación se regularizará, transmitiéndoles la propiedad, dentro del régimen que se viene implementando en toda la provincia y que ahora se puso en marcha en Capital.

Lamentó que en esa instancia “haya intervenido gente que no tenía nada que ver con el asentamiento, obstaculizando el proceso de reubicación y alentándolos a que se quedaran en el lugar, incluso anticipando que ellos se ocuparían de que nuevas familias ingresen en el predio”.

Aseguró enfáticamente, que “fue una situación que nada tiene que ver con la situación de urgencia que viven las familias que efectivamente necesitan un terreno para construir su vivienda” y añadió que “para esas familias hay una política activa del gobierno provincial, pero evidentemente esas familias se tienen que reubicar en los terrenos que predisponga el Estado, en las condiciones que están previstas por el programa de lotes, porque como bien se sabe hay personas que tomaron terrenos y que en realidad tienen, por ejemplo, otras viviendas o una situación social en la cual no necesitan acceder a un plan de esta naturaleza para obtener una vivienda”.

“Se continuará con la premisa que se llevó a cabo en toda la provincia, que es que la gente asentada se reubique voluntariamente en los terrenos que el Estado dispone con todos los elementos de infraestructura necesarios para que se construyan viviendas.

Si agotadas estas instancias las personas asentadas persisten en la toma de terrenos, tendrá que intervenir la justicia y tomar las medidas que correspondan”, advirtió finalmente.

El Ombudsman reclama

normal provisión de agua

Vecinos del barrio El Sauzal solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, ante las autoridades competentes que correspondieran, para dar pronta solución al problema de los reiterados y continuos cortes del servicio de agua potable.

Expusieron que desde hacia tiempo se realizaban diferentes cortes del servicio de agua y que ocasionalmente un camión de provisión asiste al mencionado lugar, siendo insuficiente la cantidad a distribuir, por lo que deben extraer agua del canal que atraviesa la entrada del barrio, la cual no es apta para el consumo humano. También exteriorizaron su malestar por el problema de baja presión y la existencia en los distintos sectores del barrio de cañerías de plomo que se encuentran casi expuestas o rotas, corroídas y que datan del año 1950, situación que incide en el servicio, ocasionando innumerables inconvenientes a los usuarios.

En este escenario, el defensor Victor Galarza, abrió una investigación que le permitió emitir la Resolución Nº 0381 -DPJUJ- 12, recomendando a la empresa Agua de los Andes promueva de manera urgente todas las acciones necesarias y conducentes para garantizar la continuidad, regularidad, calidad y generalidad del servicio de agua potable, asegurando su eficiente prestación a los vecinos del barrio en cuestión, tal como lo indican las leyes vigentes. También recomienda a la prestataria arbitre todas las medidas necesarias, a fin de que efectivice el recambio de las cañerías en el barrio con la finalidad de garantizar una adecuada prestación del servicio de agua potable.

Por otra parte, advierte a la empresa y a la Superintendencia de Servicios Públicos y otras Concesiones (SuSePu) que en razón de las irregularidades observadas en las condiciones de prestación del servicio, se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario a las cuentas con el sistema de renta fija hasta tanto se proceda a la instalación de los medidores de caudal, evitando el cobro de un servicio no prestado.

El documento emitido por el Ombudsman, recomienda a la SuSePu ordene el efectivo cumplimiento al Marco Regulatorio para la Concesión de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Jujuy, prestando el servicio de manera continua, regular, uniforme, suficiente y en condiciones adecuadas recordar además la plena vigencia del convenio suscripto en fecha 12/10/11 entre la empresa ADLA y el ingenio Río Grande, con la finalidad de dar cumplimiento íntegro con el mismo para garantizar la provisión del servicio de Agua Potable en la localidad de la Mendieta.

Por otra parte, insta a efectuar los trámites correspondientes, a los fines de firmar los convenios con el ENHOSA para que se ejecute la obra “Red de agua potable para barrio El Sauzal - La Mendieta”, conforme lo establecido en el Art. 5º de la Ley Nº 4937.