Días atrás un avión de la Fuerza Aérea trasladó al gobernador Weretilneck y a una comitiva al aeropuerto Bariloche, donde se mostraron los nuevos instrumentos incorporados para medir la intensidad de cenizas en suspensión
En efecto, las medidas llevadas adelante para que el turismo pueda revitalizarse a través de la aero-estación local, es muy interesante, tanto que la inversión colocó a la terminal aérea en calidad de Nivel I.
No se descubre nada nuevo si se manifiesta que la ayuda es importante para la llegada de turistas y por ello el valor de la ayuda nacional, pero Bariloche en pocos días más entrará en baja, por lo tanto se necesitan nuevas medidas que permitan llegar con el oxígeno suficiente a la próxima temporada invernal.
Por ejemplo se debe insistir en lograr la reglamentación de la Ley 26.697 de emergencia económica, articular políticas sociales y tratar de lograr gestiones de pleno empleo.
El tema de la reglamentación de la Ley 26.297 estuvo en la agenda de las noticias que se ventilaron en la última semana. Varios concejales tomaron el reclamo del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la ciudad y dieron a conocer que aprobarían un Proyecto de Comunicación dirigido al gobierno nacional para que apure las medidas pertinentes.
Los profesionales (economistas) indicaron que dicho reclamo, aún no se formalizó y llega tarde, ya que ellos elevaron su pedido el 9 de enero de 2012. Es decir, transcurrió más de un mes, dicha Comunicación no se realizó y como viene “la mano” dicho proyecto recién se aprobará en la primera sesión de marzo próximo, con lo cual se estará ante una irreparable pérdida de tiempo. Se observó que desde el sector privado: profesionales, comerciantes, legisladores, reclaman las normas que establece la Ley (26.697) específicamente en su artículo 5to.
Como para zanjar demoras y a partir de las quejas emitidas, la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Martini habría firmado dicho proyecto de Comunicación “ad referéndum”, con la idea que el pedido llegue rápido a las autoridades nacionales.
Resulta evidente para cualquier ciudadano que conozca mínimamente el Derecho Constitucional que previo a la prórroga, de los beneficios que otorga la ley de emergencia económica, en este caso lo que se requiere es la Reglamentación, ya que sin ello seguiría siendo inoperable como lo es hasta la fecha una Ley que aun prorrogada no hubiera sido debidamente reglamentada, según indican los profesionales económicos.
De no haber intervenido la titular del Deliberante, los concejales –prácticamente- se tomarían 60 días para solicitar una reglamentación necesaria para la economía de las zonas afectadas por la catástrofe del volcán Puyehue, una economía muy golpeada, quebrada, y que seguramente se comenzará a levantar con posterioridad al año del primer ciclo productivo de finalizado el hecho que la generó y que por lo visto en lo económico las autoridades nacionales no tienen el verdadero conocimiento de la realidad de las zonas afectadas.
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