Una clara muestra de ello es que la administración K boicoteó, de forma burda y hasta infame, el consenso que se había alcanzado, entre diferentes sectores políticos y la dirigencia rural, para que se sancionara la reforma impositiva y el nuevo pedido de endeudamiento. Se trata de una ley clave, ya que su objetivo apunta a conseguir recursos para evitar que el Estado provincial entre en cesación de pagos.

Indefectiblemente, ante una agudización de la crisis, la Provincia no tendrá otra alternativa que recurrir a los patacones, lo que causaría un verdadero cimbronazo político que impactaría de lleno, principalmente, en la ya deteriorada imagen del Gobierno nacional. Es más, una cuasimoneda hasta le otorgaría cierta autonomía económica a la administración bonaerense, que viene siendo sistemáticamente atacada por la Casa Rosada.

Pero, a su vez, lo que está ocurriendo por estas horas en territorio provincial merece una lectura más profunda. La realidad de la producción agropecuaria muestra las consecuencias de las nefastas políticas llevadas adelante por el kirchnerismo, que en la última década produjo una fenomenal concentración de la tierra.

A lo largo y ancho del interior bonaerense, vemos cómo avanza de forma muy acelerada los pooles de siembra, constituidos en muchos casos por fondos buitres, que están haciendo desaparecer a los pequeños y medianos productores.

Estos sectores, sumados a los grandes terratenientes con extensiones de miles de hectáreas y los propietarios de tierras fértiles que están sin producir, son los que más deberían soportar el ajuste. Es más, sería loable que el señor Hugo Biolcati, representante de los sectores más concentrados de la tierra, además de defender intereses corporativos, utilice los acaudalados recursos de su entidad para elaborar planes estratégicos que permitan complementar y dar valor agregado a la actividad primaria de nuestro país.

Gran parte de la economía agropecuaria depende de lo que ocurra con el famoso “yuyito” (la soja), que genera muy pocos puestos de trabajo, requiere de grandes extensiones de tierras y demanda el uso intensivo de agroquímicos que generan serios perjuicios en el suelo, lo que es una verdadera complicación para la rotación de cultivos.

Una auténtica reforma impositiva debería tener alcance nacional. Y que sean los sectores más concentrados, en muchos casos cómplices y socios de los funcionarios K, los que más paguen.

Hay sectores como los bancos y las multinacionales vinculadas a la megaminería que tributan cifras irrisorias al Estado, que nada tienen que ver con las verdaderas ganancias que obtienen. En el

caso de la megaminería, las fabulosas utilidades se generan a partir de la contaminación de los cursos de agua más pura del país y el saqueo de los recursos del subsuelo.