A pesar de que Argentina debería tener, desde 1996, un nuevo régimen de coparticipación, el tema sigue esperando una muy demorada ley.
-La coparticipación federal es un tema que siempre está en la agenda pública. Pero a pesar de planteos periódicos, nunca se avanzó seriamente.
-Hace 16 años que está en la agenda pública nacional como uno de los temas principales y pendientes de resolución. La Constitución Nacional se modificó en 1994, propiciando un cambio radical en el esquema de distribución de los fondos públicos. En el año 96 debería haberse implementado una nueva ley de coparticipación federal. Pero todavía la estamos esperando. A la hora de buscar explicaciones, se apunta demasiado sobre el Gobierno nacional, pero quien debe decidir sobre el tema es el Congreso nacional donde las provincias tienen representación en ambas cámaras. En este ámbito no se han presentado proyectos que se ajusten a lo que exige la Constitución.
-¿Por qué?
-Es bastante simple. Hay una cuestión basada en 400 mil millones de razones. Ese es el presupuesto nacional para el 2011 y nadie quiere desprenderse de una caja de esa magnitud. Imponer una nueva ley de coparticipación significa, automáticamente, ceder una porción mucho mayor de recursos de lo que lo están haciendo actualmente. Y eso implicaría que muchos gobiernos provinciales tuvieran más recursos públicos y a su vez, si el sistema funciona correctamente, que muchos municipios también tengan más fondos. Esto generaría la aparición de nuevos actores y nuevos hacedores de la gestión pública. Estos defectos actuales los han cometido todos, desde 1988 cuando se dictó la primera ley de coparticipación. No hay ningún presidente que pueda decir que ha hecho algo distinto en materia de coparticipación.
Paglietto es oriundo de Rosario y está en Rafaela donde, desde ayer, ofrece una actualización sobre coparticipación tributaria en el Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación Rafaela, en el marco de una jornada que continuará esta mañana con la organización del Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial y la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino (AGCECOS).
El especialista es autor de libros como "Distribución de recursos estatales. Lamentos, tribulaciones y ocaso de un sistema injusto" y "Suficiencia y tercerización tributaria. El contrato local", en el que aborda la gestión pública y su esquema de financiamiento.
En uno de estos trabajos registró una frase que sintetiza fielmente la problemática: "se ha venido practicando un federalismo de responsabilidades y de los gastos, manteniendo el unitarismo de caja".
Paglietto sostiene que "desde hace muchos años a esta parte el Gobierno nacional se apropia de la plata de las provincias y hace obras o financia planes sociales con los fondos que deberían administrar los estados provinciales", consideró Paglietto.
-Los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) son instrumentos emblemáticos sobre el poder del Estado central en la utilización de fondos públicos.
-Uno de los mayores problemas gira en torno a los fondos de asignación específica. El Gobierno nacional encuentra un fin de utilidad nacional y entiende que debe destinarle una cantidad de dinero. El tema de los ATN es paradigmático porque su libre disposición generan un marco de absoluta discrecionalidad, representan el 3 por ciento de los recursos tributarios, que por ejemplo en 2009 ascendieron a 224 mil millones de pesos, por lo tanto es un número importante cercano a los 10 mil millones de pesos. Un informe de la Auditoría General de la Nación analizó cómo se distribuyen esos ATN. El resultado es preocupante, ya que entre otras conclusiones muestra que a alguna municipalidad se le otorgaron dos ATN para el mismo objeto. Discrecionalidad total y una escasa obligación para que los beneficiarios rindan cómo han gastado esos fondos es el problema central.
El tema adquiere relevancia actual ya que el diputado nacional, Fabián Peralta, reveló esta semana que "los números que arroja la distribución de los ATN hasta septiembre del corriente año, son verdaderamente un escándalo". El legislador del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) fue contundente al plantear: "No me explico cuál es el motivo por el que Santa Fe recibió sólo 0,29 peso por habitante contra los 4 pesos de Buenos Aires, 12,3 de Santa Cruz o los 226,7 de La Rioja". Y concluye que "la Auditoría General, en su informe N° 93 de mayo de este año, fue muy clara con respecto a las arbitrariedades del Ministerio del Interior, pero estos números superan lo imaginable".
Por eso Paglietto calificó como "correcta" la actuación de los legisladores santafesinos "de plantear esta asimetría en el reparto de los fondos públicos", una acción que "está en sintonía con la presentación que hizo el actual Gobierno provincial en el 2009, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando por fondos coparticipables que considera que la Nación le adeuda".
Para el especialista "la legislación sobre coparticipación federal es simple y establece que cada ente público debe recibir fondos en base a las competencias, servicios y funciones que lleva adelante, pero el problema está en la instrumentación".
Por último, aseguró que "los principales afectados del esquema de distribución vigente son los municipios que en los últimos años incorporaron nuevas competencias y, día a día, deben atender las demandas y los reclamos de la gente, sin siquiera tener la posibilidad de sentarse en la mesa donde se asignan los fondos coparticipables".

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