BOGOTA.- Así como el presidente Alvaro Uribe exhibe con orgullo haberles propinado a las FARC los golpes más fuertes en sus 46 años de existencia (el rescate de Ingrid Betancourt y la ejecución del número dos de los rebeldes, Raúl Reyes, en 2008), también tiene logros de fuste en el combate al narcotráfico, como la extradición de 14 líderes narcoparamilitares hace dos años y la captura, el año pasado, de Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario", entonces uno de los traficantes más poderosos del país.

Pero las incipientes alianzas de ex paramilitares de las llamadas "bandas criminales emergentes" (Bacrim) con las FARC para la producción y exportación de cocaína plantearán nuevos desafíos al gobierno que suceda al del actual presidente, cuyo sucesor será elegido entre el oficialista Juan Manuel Santos y el opositor Antanas Mockus, en el ballottage del 20 del actual. Lo propio ocurre con la caída de los fondos aportados por Washington a Bogotá, a través del Plan Colombia, para el combate contra la guerrilla y el narcotráfico (que ya se redujeron en 100 millones de dólares) y la lucha por la sucesión entre los seguidores de los paramilitares extraditados.

¿Qué son las Bacrim? Son ejércitos de sicarios conformados por entre 50 y 400 personas y tienen nombres tan pintorescos (y temibles) como Aguilas Negras, Erpa, Combas, Urabeños, Nueva Generación y Los Rastrojos. Incluso, la tenebrosa Oficina de Envigado, fundada en los 80 por Pablo Escobar Gaviria, capo del extinto Cartel de Medellín, y que luego respondió a "Don Berna" (Diego Fernando Murillo), jefe paramilitar recientemente extraditado a Estados Unidos, es hoy considerada una Bacrim. Este grupo, por cuyo control pelean en Medellín "alias Sebastián" y "alias Valenciano", en una disputa que tiene nexos con Buenos Aires (ver aparte) y que comenzó no bien "Don Berna" puso un pie en Estados Unidos, sería responsable del aumento, registrado en 2009, del 76% de los homicidios en esa ciudad.

Tal situación habría tenido consecuencias electorales: Juan Manuel Santos ganó cómodamente en Medellín, donde antaño se le reconocía una importante labor en la reducción de la violencia a Sergio Fajardo, ex alcalde de la ciudad y compañero de fórmula de Antanas Mockus.

Pero, según opinan los detractores de Fajardo, la baja en la violencia en Medellín se habría debido en gran medida al fenómeno conocido como "donbernabilidad", es decir, la orden de "Don Berna" de que se detuviera la violencia en la ciudad luego de pactar un cese del fuego con el gobierno, en el marco de la ley de justicia y paz, que les otorgó a los paramilitares una ostensible reducción de penas a cambio de que confesaran sus delitos y dieran reparaciones a las víctimas.

Unión

Según explicó a LA NACION el analista político Francisco Miranda, los miembros de las Bacrim son paramilitares renegados que prefirieron seguir delinquiendo y quedar fuera de esa norma, fundamental, junto con la ofensiva militar contra la guerrilla, para alcanzar los mayores índices de seguridad que logró el país durante los ocho años de gobierno de Uribe.

"Los paramilitares surgieron, originalmente, de la unión de terratenientes, ganaderos y productores agroindustriales con militares que reivindicaban la guerra sucia para combatir a la guerrilla. Tenían un barniz político. En cambio, las Bacrim reúnen a renegados del paramilitarismo, que no tienen nada de ideología", dijo Miranda. Por eso, pueden pactar con las FARC sin inconvenientes.

Una de las alianzas de las que hay registro se produjo en los municipios de Suárez y Buenos Aires, en Cauca, una zona controlada por las FARC, donde Los Rastrojos alquilaban laboratorios con capacidad para producir 800 kilos de cocaína a la semana, según publicó el diario El Tiempo en marzo del año pasado. Sin embargo, últimamente hubo duros enfrentamientos entre las FARC y Los Rastrojos, que provocaron la huida de 2000 personas en el Chocó.

También hay registro de negocios conjuntos entre las FARC y Los Urabeños. "El Cartel de Medellín había logrado una integración vertical del negocio. Es decir, controlaba la producción y colocaba la droga en el mercado. Eso se rompió. Por eso se dan estas alianzas en las que las FARC controlan el territorio, y los Urabeños y Los Rastrojos, por ejemplo, las rutas", afirmó Miranda.

Según datos preliminares del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), coordinado por las Naciones Unidas, el área cultivada con hoja de coca detectada en 2009 fue la más baja en los últimos 11 años: 68.025 hectáreas (16% menos que en 2008). Pero aún no está claro si esta disminución se corresponde con un descenso en la exportación de cocaína. Además, aún están prófugos dos de los narcotraficantes colombianos más buscados: Daniel Barrera, alias "El Loco Barrera", y Pedro Oliveiro, alias "Cuchillo", que en marzo pasado fueron incluidos por las autoridades norteamericanas en la llamada "Lista Clinton". Bajo esa condición, se les prohíbe cualquier transacción financiera o comercial con empresas de Estados Unidos.

Sin embargo, el jefe de la policía colombiana, Oscar Naranjo, afirmó hace unos días que Perú desplazó a Colombia como proveedor de cocaína. Naranjo divulgó una cifra no oficial, pero, según dijo, "de una muy buena fuente institucional": que en 2008-2009 Perú pudo haber producido cerca de 380 toneladas métricas de cocaína. En cambio, se estima que Colombia destinó al mercado en 2008 cerca de 295 toneladas métricas.

Sin embargo, admitió que el "verdadero drama y el verdadero problema" de Perú es que sus autoridades sólo sacan del mercado al año 14 toneladas, mediante operaciones de decomiso, mientras las autoridades colombianas secuestran 203 toneladas, que equivale a la cifra de 2008.

"Eso significa que hemos incautado más del 50 por ciento de la droga que produce Colombia, contra unos índices muy bajos de incautación en otros países", admitió.