El senador nacional Luís Naidenoff presentó un proyecto de ley que tiene por objeto convertir en “servicio público” la compra de gas licuado de petróleo (GLP) para su fraccionamiento, almacenamiento, envasado y comercialización con destino a los consumidores.

“El gobierno tiene que comprender que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. No puede seguir existiendo ciudadanos de primera que, además de tener gas natural, lo pagan cinco veces menos que los de segunda que tienen que andar penando para conseguir una garrafa y encima mucho más cara”, sostuvo el formoseño al justificar su propuesta.

Naidenoff explicó que el GLP, como otros servicios públicos, representan una necesidad básica para los habitantes que lo consumen y que en este caso, al encontrarse esta asistencia librada a cuestiones diferentes que los mencionados anteriormente, subyace una situación desigual, por lo tanto es el Estado quien posee la obligación de equilibrarlo y que la ley 26.020 no ha podido modificar.

El senador cree que lo más correcto es incorporar el servicios de GLP para usuarios residenciales que no tienen accesos de redes de gas natural al marco regulatorio establecido por la ley 24.076, para los servicios de gas natural y gas natural comprimido (GNC).

También, explica que la ley sancionada creó en su artículo 46º un fondo fiduciario, que acumula unos 670 millones de pesos por año, para atender al consumo residencial de GLP envasado para usuarios de bajos recursos, y especialmente para garantizar la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por este servicio público.

“Sin embargo, luego de cinco años de promulgada esa ley se ha registrado un decrecimiento significativo de la tasa de inclusión de nuevos usuarios en las redes de distribución de gas natural”, consideró.

Naidenoff cree que en el debate de la ley 26.020 el principal escollo para resolver estas exclusiones, fue no haber declarado servicio público a tal prestación y revela que de las 3.454.632 de toneladas de producción anual de GLP en nuestro país, el 58, 2% se exporta, el 5% se destina a la Petroquímica, un 11% se distribuye en otros destinos, y solo el 22% restante se destina a cubrir las necesidades de los usuarios residenciales de gas en garrafa.

En el mismo sentido, el formoseño explica que el mercado se encuentra concentrado en cinco empresas, y de esta manera no se encuentra frente a una actividad competitiva donde se establezcan reglas de oferta y demanda, sino frente a un mercado oligopólico fuertemente cartelizado, que abusa de su posición dominante en desmedro de los consumidores que son el eslabón más débil de esta cadena, dejando al descubierto fuertes desigualdades y la ausencia de una política de Estado instrumentando su rol de regulador.

Finalmente, Naidenoff insiste en que la finalidad del servicio público significa satisfacer la suma de necesidades individuales. Entre sus caracteres, de acuerdo al régimen tutelar impuesto por la Constitución, “deberemos tener siempre en cuenta los supuestos genéricos de protección al más débil, que es en este caso el de los usuarios residenciales de GLP. Por lo tanto, lo que intentamos es equiparar los derechos de los usuarios de gas natural a través de un régimen de derecho público que asegure sus generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad”.