?Venimos a poner en su conocimiento nuevos acontecimientos ocurridos en nuestro país en el transcurso del año 2011, que afectan la deliberación plural de los asuntos públicos y amenazan de manera preocupante el ejercicio del derecho a la libertad de expresión?, prologa el documento enviado.

?Durante el año 2011 el gobierno nacional intensificó su estrategia política dirigida, por un lado, a ahogar o presionar a aquella prensa que no admitiera no realizar críticas a las políticas del gobierno y, por el otro, a aumentar significativamente la cantidad de medios afines. Para ello, se utilizaron diversos medios o instrumentos: la acción directa a través de grupos cercanos al oficialismo o bien la inacción de agentes estatales; mecanismos de censura indirecta con amenazas de sanciones administrativas o penales; una utilización discrecional y abusiva de la pauta publicitaria estatal castigando severamente a los medios críticos y premiando desembozadamente a los adictos; el uso de todos los medios de difusión estatales como propaladores de propaganda del gobierno; creación y manejo arbitrario de señales digitales que se destinan a personas de derecho público no estatal y a empresas privadas absolutamente afines con el gobierno, aún antes de que se convoque a licitación o concurso alguno; peligrosa intervención del gobierno en el mercado del papel por medio de la sanción de una ley que declara su fabricación y distribución de ?interés público?; anómalas y harto sospechosas decisiones judiciales que, so pretexto de una medida cautelar, dividen e intervienen ?Cablevisión? del grupo Clarín, impidiéndole a la vez la pronta revisión por un tribunal superior, y una inhibición general al diario ?La Nación? por una supuesta deuda fiscal, desconociendo una medida cautelar expresa de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación?, expuso.

?No tenemos que abundar en mayores argumentos acerca de que la libre propalación de cuestiones de interés público se encuentra en el corazón de la garantía de la libertad de expresión protegida por el artículo 13 de la Convención Americana, y que su restricción sólo es admisible a través de un triple test respecto de su legalidad, finalidad y necesidad para una sociedad democrática?, planteó.

PUBLICIDAD

?La publicidad oficial ha crecido de millones en el año 2003 a 2 millones en el año 2011. Esta pauta ha sido progresivamente empleada en favor de los medios afines al gobierno y en contra de quienes ensayan alguna crítica a las políticas gubernamentales. Sin ningún parámetro objetivo que lo justifique cada vez reciben más aquellos que son complacientes con el gobierno, sin que importe su volumen de ventas, en detrimento de otros periódicos independientes. Para tomar como ejemplo sólo los diarios de la Capital Federal en el año 2011, los diarios oficialistas ?Tiempo Argentino? y ?Página 12? recibieron el 21,2 % y el 21.1%, respectivamente, mientras ?Perfil?, ?Clarín? y ?La Nación? recibieron el 2%, el 1,7% y el 1%, respectivamente. Lo mismo ocurrió en el ámbito de las revistas, la radio y la televisión. En este último caso, Canal 9 recibió el 48% de la pauta, Telefé el 29%, América el 20% y Canal 13 del grupo Clarín sólo el 0,5%?, confirmó.

?La sola compulsa de la irregular distribución de la publicidad oficial evidencia que se la utiliza como modo de censurar, de manera indirecta, a las voces críticas al gobierno y de estimular a quienes lo apoyan?, advirtió.

?El decreto 835/2011 creó Ar-Sat como prestador de servicios para televisión digital terrestre. La ley de medios audiovisuales sancionada en el año 2009 no contempla expresamente este régimen y la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA) no ha proporcionado ninguna información respecto de los criterios para la adjudicación de señales. No obstante, hasta el presente fueron adjudicados canales a organismos estatales y universidades, pero también a grupos privados afines o cercanos al gobierno. De los 31 canales existentes, 30 poseen relación con el gobierno y fueron entregados sin que mediara ningún tipo de concurso o licitación que permitiera participar en igualdad de condiciones a otros grupos empresarios.

Los decodificadores que permiten acceder a la televisión digital han sido suministrados gratuitamente entre los beneficiarios de los planes sociales que otorga el gobierno?, reveló.

CONFRONTACIÓN

Por otra parte, Naidenoff rescató que ?el clima de abierta confrontación entre el gobierno argentino y los medios de prensa no adictos, en especial respecto del grupo Clarín, lejos de disminuir ha recrudecido notablemente durante el año 2011 y se han verificado distintos acontecimientos muy preocupantes desde el punto de vista de la libertad de expresión. En este contexto, la actitud del gobierno ha tendido más a contraer los espacios de discusión pública, que a garantizar una deliberación robusta?.

?Durante estos meses, funcionarios del Gobierno Nacional han restringido por acción u omisión, voluntaria o negligentemente, la libre circulación de ideas llegando incluso a desobedecer órdenes judiciales (caso de los bloqueos a la salida de diarios) y a ejercer violencia sobre personas (caso Mercado Central). Por otro lado, se ha censurado indirectamente pero de manera ostensible la difusión de información sobre asuntos de interés público, bajo la amenaza de sanciones administrativas o penales (caso de los índices de inflación). Respecto de la publicidad oficial se ha hecho un uso arbitrario y escandaloso de ésta, castigando a quienes lo critican. Se ha montado una red de televisión digital estatal para exclusiva propaganda gubernamental, asignando las señales sobre la base de la fidelidad con el gobierno. En la campaña electoral, se han utilizado discrecionalmente fondos, espacios, canales y actos públicos para propaganda, acentuando las asimetrías con otras fuerzas políticas que vieron mermadas sus posibilidades de hacer llegar sus ideas a la ciudadanía?, continuó.

Por último, y tras exponer otras situaciones, solicitó ?acciones de cualquier índole para reparar las violaciones a la libertad de expresión, incluir los hechos que ponemos en su conocimiento, o alguno de ellos, en el Informe Anual que presenta al pleno de la Comisión Interamericana, recomendar a ésta la adopción de alguna medida, o bien realizar una visita personal al país para constatar directamente la veracidad de cuanto se afirma?.