El informe del conocido rotativo nacional, preparado por Gabriel Ziblat, es el siguiente: La provincia de Formosa está envuelta en una crisis institucional que incluye al Poder Ejecutivo, al Judicial y a la Iglesia. El disparador fue la noticia de que en abril de este año, el gobierno de Gildo Insfrán (gobernador desde hace 15 años) le cedió más de un millón de pesos al Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia para que construya su nueva sede. Hace un mes, el obispo de Formosa, José Vicente Cornejo, se tomó de esa información para recusar, por “temor de parcialidad”, a todos los jueces de la provincia.

Además, esta semana se conoció que una ex funcionaria local, que tiene una causa contra un ente estatal, también recusó a los jueces de la Cámara Civil, amparada en el mismo temor. A ellos se sumó que diversas organizaciones gremiales, políticas y sociales de la provincia condenaron la decisión del Gobierno formoseño de financiar la obra en cuestión.

Esta no es la primera vez que Cornejo se enfrenta a la administración de Insfrán. Según explican fuentes locales, la Iglesia ya tuvo algún otro cruce judicial con el Ejecutivo y, además, el obispo tiene antecedentes de advertir en sus misas sobre la corrupción y la pobreza. No obstante, es considerado un prelado más bien “timorato”, recostado en el ala más conservadora de la Iglesia.

El caso en el cual Cornejo presentó la recusación es digno de una novela. En 2007, un sacerdote africano, que manejaba una camioneta del Obispado por el interior de Formosa, chocó con un caballo y se quedó en medio del camino. El comisario Bernardino Velazco fue en su auxilio, pero no divisó la camioneta y la embistió, generando así la muerte del sacerdote africano, que estaba parado atrás de la misma. Tiempo después, el comisario demandó al Obispado y solicitó una indemnización, basándose en la supuesta imprudencia del sacerdote africano. En palabras de Cornejo, “se trata de un victimario que pretende una indemnización de la víctima fallecida”.

En la presentación judicial, el obispo sostiene que la recusación a “todos y cada uno de los magistrados y funcionarios asociados al Colegio de Magistrados beneficiarios de la obra ya en ejecución en la actualidad con dinero del erario público”. Esa situación, asegura, “origina un legítimo ‘temor de parcialidad’ a favor del Estado aportante y/o de sus funcionarios”. La denuncia se justifica en los tratados internacionales y leyes nacionales que establecen como causa de recusación de los jueces “el haber recibido beneficios de importancia de alguna de las partes”. El millón de pesos que el Gobierno cedió para la construcción del Colegio de Magistrados es ese “beneficio de importancia” que recibirían los jueces.