Mientras que las medidas rigurosas se aplican sin piedad sobre un "supermercado chino" por infracciones bromatológicas o al Comité Radical por una fiesta privada, sobre los cabarés la normativa local aún estaba definiendo rubros y les había otorgado un "tiempo de gracia" hasta fines de julio.

El fiscal federal subrogante Juan José Baric, a cargo de la fiscalía con sede en Santa Rosa, realizó hace pocos días un llamado de atención al ejecutivo municipal de General Pico. El motivo de esa exhortación fue que "Kabuky" y "Oasis", que son los dos cabarés locales, seguían abiertos.

A pesar de que el 31 de mayo el Concejo Deliberante había sancionado una ordenanza para dar de baja esas habilitaciones, se estableció un plazo de cierre para esos locales, o cambio de rubro, de 60 días. Al parecer, no se cuestionó la decisión local pero el fiscal federal indicó que si ya se comprobó que dentro de esos comercios hay mujeres u hombres ejerciendo la prostitución eso ya constituye una infracción directa a la Ley Nacional 12.331. Entonces esa baja de la habilitación a futuro no fue considerada como "el remedio adecuado para la importancia social que revisten este tipo de casos".

Con el objetivo de erradicar la trata de personas la misiva que llegó hasta el propio intendente de la ciudad, Jorge Tebes, indicó la prohibición de los locales en los cuales haya alternadoras. Incluso se puso en conocimiento de las autoridades locales la existencia de una resolución que instruye a los fiscales del Ministerio Público de la Nación a instar a los municipios para que concreten la clausura de ese tipo de comercios y promuevan la caducidad de la habilitación o produzcan una inhabilitación.

"Casas de la tolerancia" fue una de las denominaciones que Baric les dio a los cabarés piquenses al indicar que allí se puede dar lugar a la comisión de delitos y por eso las autoridades no deben actuar de manera ingenua o tibia. Con esos argumentos el fiscal solicitó a la municipalidad que cerrara definitivamente esos "burdeles" que subsisten de forma encubierta en la localidad.

Críticas.

Las críticas hacia la gestión local también tuvieron eco a través de la concejal del frente Nuevo Encuentro, Paola Assone. "El modo en que culmina el cierre de los cabarés en nuestra ciudad deja al descubierto la desidia con la que el departamento ejecutivo manejó una situación tan delicada",

señaló la edil kirchnerista. Assone cuestionó que la definición en cuanto al tema tuvo que venir desde Nación.

La edil recordó ayer "el largo y triste historial del oficialismo en la ciudad con respecto a este tema, que llevó en 2009 a la aprobación de la ordenanza 82/09 de espectáculos públicos en la que se concedía la habilitación a cinco locales que oficiaban de cabarés". La caducidad de esos permisos no tenía un tiempo definido, se generaría cuando cerraran por diferentes motivos ajenos a la licencia en sí misma. La única salvedad que se hizo en ese momento fue que no habría nuevas habilitaciones para este rubro.

Para Assone esas decisiones de las autoridades sirvieron para "convalidar con un auténtico mamarracho jurídico la situación existente" para no cambiar una realidad que se conocía perfectamente. Porque la presencia de las alternadoras estaba comprobada por la Delegación General Pico de la Policía Federal Argentina e informes socioambientales de la Policía de La Pampa, como también se detalló en el oficio que libró el fiscal Baric.

"Se tomó la decisión política de no hacer nada, algo que ya es un lugar común de la actual administración del ingeniero Jorge Tébes", concluyó la concejal.

Antecedentes.

En julio 2011 la policía de La Pampa ya había confirmado el ejercicio de la prostitución dentro de los cabarés, aseguró Assone. Los antecedentes siguen con la directiva que fue dada desde la comuna para que en octubre de ese año suspendieran todas las habilitaciones previstas en la ordenanza 226/09 durante 90 días, habida cuenta de que había "burdeles" que solicitaban licencias bajo la denominación de café concert, pub o night club.

"Todo esto ocurría porque se aprovechaban del agujero legal que la propia legislación municipal permitía", expresó Assone.

En el 2011 también se hizo público el dictamen del Procurador General de la Nación Esteban Righi. Quien señaló que en General Pico las ordenanzas eran una fachada porque la verdadera situación era que se permitía el ejercicio de la prostitución. A partir de allí se instruyó a la fiscalía federal de Santa Rosa para que actuara.

La edil kirchnerista recordó que "con todos estos antecedentes que demostraban la falta de voluntad política para proceder al cierre de locales en los que se estaba violando abiertamente la legislación nacional y las resoluciones del Ministerio Público de la Nación". Por eso cuando el ejecutivo municipal volvió a pedir que el concejo suspenda las habilitaciones, en abril de este año, Nuevo Encuentro se opuso.