El interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico), Bernardo Rodríguez, informó ayer que "el Invico tiene una directiva clara por parte del Gobierno provincial y es cuidar los números, ser precavidos y no tener desfasajes, es decir, "no gastar más de lo que tenemos y prever que esos fondos sean continuos en el tiempo".

Se quejó de que "el Gobierno nacional no nos envía los fondos para hacer las obras ni tiene intención de hacerlo. Todo lo hacemos con los fondos coparticipables que tenemos por ley y con los aportes del gobierno de Colombi. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para construir las viviendas".

En cuanto a críticas de varios políticos hacia el trabajo del Instituto de Viviendas, Rodríguez pidió que "no opinen sobre cosas que no saben" porque "muchos de ellos no hicieron ninguna gestión ni se acercaron al Invico", declaró.

Las edificaciones de viviendas se están haciendo actualmente en Esquina, Bella Vista, Ituzaingó, Virasoro, Mercedes, Santo Tomé y Monte Caseros. Asumieron los trabajos en esas localidades porque "son las que quedaron pendientes en la licitación del 2005: el Gobierno nacional se comprometió a realizarlas y nunca las hizo", denunció.

Por último, Bernardo Rodríguez comentó al programa El Matutino de Mega (FM La Red) que en los próximos días saldrán a hablar con los adjudicatarios de viviendas que se encuentran en situación de morosos. "Queremos saber cuáles son los motivos porque no están pagando", dijo.

En este sentido, a quienes puedan pagar y no lo hacen, si es necesario se judicializarán los pagos porque cada cuota que no se efectúa es una familia menos de Corrientes que no tiene la posibilidad de acceder a una nueva vivienda -según el interventor- porque con eso se realizan otras. A pesar de todo, a quienes no tengan la posibilidad de pagar se le hará un plan; "pero tienen que tener la voluntad de acercarse", finalizó.

Por otra parte el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) iniciará acciones judiciales sobre adjudicatarios morosos y decidirá el recupero de viviendas deshabitadas u ocupadas por personas ajenas al grupo familiar registrado en declaración jurada suscripta por el titular (más información en página 8). Se intensifican así las acciones tendientes a recuperar el sentido de solidaridad contenido en el espíritu de la ley Fonavi, que implica la obligación y el compromiso asumido por los ciudadanos que obtuvieron el beneficio de una vivienda de interés social.

CLÁUSULAS

DE CONTRATO

Al respecto, cada adjudicatario está obligado al cumplimiento de las cláusulas del contrato que firmaran al momento de la asignación de la vivienda, por lo cual se deben abonar mensualmente las cuotas de amortización, así como ocupar la unidad adjudicada en forma regular y permanente junto al grupo familiar registrado.

Ante el creciente incumplimiento de estas condiciones y la falta de interés por parte de los adjudicatarios para regularizarlas, pese a las reiteradas notificaciones y propuestas de acceder a los planes de pago que ofrece la Institución, se han tomado las pertinentes determinaciones.

Las medidas previstas en el marco de las normativas vigentes tienen el propósito de accionar en defensa de las familias que se hallan inscriptas, con necesidades graves de vivienda y soluciones postergadas ante la gran demanda existente.

Las previsiones contemplan el inicio de acciones legales administrativas y judiciales correspondientes y el recupero de cada vivienda verificada en situación irregular por falta de pago u ocupación indebida.

De esta manera, la actual administración del Invico participa de los propósitos del Gobierno provincial en cuanto a bregar con justicia por los ciudadanos que aguardan la oportunidad de resolver su problema de falta de vivienda.