El Gobierno nacional anunció ayer que denunció a la provincia de Córdoba por la decisión de clausurar cinco antenas de Arsat y frenar el servicio de la TV Digital abierta. A través de la agencia oficial Télam, el Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio De Vido confirmó ayer que, como accionista mayoritario de la empresa estatal que tiene a su cargo el servicio de televisión digital, inició acciones legales contra la gestión de José Manuel de la Sota, que con el argumento de que no existen los estudios de impacto ambiental correspondientes cerró las antenas de Río Cuarto, Villa María, Leones, Malagueño y Villa Dolores. Desde la Nación agregaron que seguirán “instrumentando todas las medidas judiciales necesarias para revertir la injustificada y arbitraria clausura de las antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) por parte de la Secretaría de Ambiente del Gobierno" cordobés.

Según destacaron desde la cartera a cargo de Julio De Vido, "dicha medida fue tomada en base a excusas burocráticas sin ningún fundamento técnico y con el único propósito de censurar a las más de 20 señales públicas y privadas que allí se emiten de forma gratuita, como Encuentro, Pakapaka, Tateti, Incaa TV, TV Pública, TEC, DeporTV, Vivra, Suri TV, Arpeggio, CN23, C5N, Telesur, 360, Construir, CBA24 y Canal 10", entre otras.

Desde Planificación recordaron que "todos los permisos ambientales fueron solicitados en tiempo y forma, de la misma manera que se hizo en las 63 localidades donde funciona la Televisión Digital, sin que a la fecha se haya registrado ningún reclamo, lo que demuestra la animosidad de la medida, ya que además esta misma tecnología fue aprobada y se utiliza no sólo en otras 20 provincias argentinas sino también en otros países como Japón o Brasil".

Desde la Nación destacaron que "los niveles de emisión de las antenas de televisión digital son 10 veces menores a las de la radio FM y 50 veces menores que las de la televisión analógica".

En ese marco, el Ministerio de Planificación adelantó que "se continuarán los reclamos, tanto por la vía administrativa como judicial, para que las autoridades provinciales reviertan esta arbitraria clausura".

Pero, además, indicaron que "también se demandará por daños a la empresa Epec por el incumplimiento del contrato de cesión del predio en el que funcionaba la antena de Río Cuarto, el cual fue rescindido unilateralmente, y se reclamará un resarcimiento de 20 millones de pesos por las inversiones realizadas", según puntualiza un comunicado oficial.