Antonio María Hernández es autoridad para hablar de autonomía municipal: en 1995 presidió la convención constituyente que dictó la Carta Orgánica de la ciudad de Córdoba. Pero esta y otras experiencias similares (integró los cuerpos que reformaron la Constitución nacional, en 1994, y la provincial de Córdoba, en 1987) también lo avalan para disertar sobre otros asuntos establecidos en la Carta Magna. En especial, según se desprende de la temática de muchos de sus libros, de lo que respecta a federalismo.

Hernández visitó Tucumán para dictar dos cursos de posgrado. Ayer dio clases en la Universidad de San Pablo-T, sobre "Derecho Parlamentario". Mañana, a las 9, en el Centro Cultural Virla, inaugurará el posgrado sobre "Poder de Policía Local", organizado por la Facultad de Derecho de la UNT. A las 20 de hoy, también en el Virla, se dará tiempo para presentar el libro Relaciones gubernamentales de cooperación, de Raúl Díaz Ricci.

Antes de la clase, dialogó con LA GACETA. En lo que respecta a coparticipación federal, puso énfasis en la imperiosidad de respetar la Carta Magna. "Tenemos que sancionar una ley convenio de coparticipación. Para ello, debemos terminar con las distintas leyes o decretos que han otorgado asignaciones específicas a determinados tributos, porque ese fue el procedimiento utilizado para impedir que la masa coparticipable sea la prevista en la Constitución", afirmó.

El letrado se refirió, en especial, a lo previsto por el artículo 75, inciso 2, de la Ley Suprema, que expresa: "(...) Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos". La sexta disposición transitoria aprobada por la Constituyente de 1994 prescribía que esta ley convenio debía sancionarse antes de que finalice 1996.

Hernández -que integró la fórmula radical en la elección de 1995, como vicepresidente de Horacio Massacessi- explicó cómo puede aumentar la coparticipación de las provincias. "A lo largo del tiempo, se produjo un avance de la Nación a lo que le correspondía a las provincias (distribución primaria). Hoy, cerca del 75% de los fondos queda en la Nación y sólo el 25% va a las provincias. Tenemos que hacer retroceder al Gobierno federal. La Constitución dice que esa distribución debe hacerse con criterios objetivos, que tienen que ver con las prestaciones de servicios de cada gobierno; y las provincias se hacen cargo de lo que implica mayores costos: los sistemas educativo y sanitario", afirmó.

Hernández fue rotundo en la crítica hacia la mora legislativa para sancionar una ley que reglamente la autonomía municipal (antes de fin de 2007 debía haberse dictado, según expresaba la Constitución de 2006). "Esto (la mora) importa una grave violación de la Constitución, no sólo provincial sino también de la Constitución nacional, que en el articulo 123 consagró la autonomía municipal en los aspectos institucional (la posibilidad de sancionar la propia carta orgánica municipal), político (libre elección de las autoridades), y económico financiero (libre recaudación e inversión de las rentas). Deben sancionarse cuanto antes las cartas orgánicas municipales, que son verdaderas constituciones locales. Todos los aspectos de la autonomía deben estar garantizados", aseveró.