E l Gobierno nacional apeló la medida cautelar dispuesta por el juez federal de San Rafael (Mendoza), Raúl Acosta, en contra del decreto 699 de extensión del régimen de Promoción Industrial firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El magistrado había dictado la suspensión del instrumento que prorroga el beneficio para las fábricas de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis, a raíz de un amparo presentado por la Cámara de Comercio de San Rafael. Además de esa acción, el propio Ejecutivo mendocino fue a la Corte Suprema de Justicia para voltear el decreto, con el argumento del supuesto perjuicio que le ocasionará a la provincia.

La apelación fue presentada hace una semana y por una cuestión formal no llegará a la entidad promotora del amparo hasta la semana que viene. No obstante, el planteo terminaría, finalmente, en la Cámara Federal de Mendoza y, eventualmente, a la Corte Suprema.

Según consignó el diario Los Andes, el escrito cuestiona la cautelar con dos argumentos principales: "El decreto 699 es válido y constitucional porque se dictó en uso de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional" y "la Cámara de Comercio de San Rafael no tiene legitimidad para presentarse solicitando una medida cautelar, ya que no tiene un interés afectado porque el decreto 699 no está confeccionado para un caso concreto".

Consultado sobre el tema, el secretario legal y técnico de la gobernación mendocina, Fernando Simón, le restó importancia a la presentación, y dijo que "esta apelación va a ser contestada y no suspende la cautelar dictada por el juzgado de San Rafael, por lo que el congelamiento sigue vigente hasta que un tribunal superior se pronuncie".

La estrategia legal del sector privado mendocino, que asegura sentirse puntualmente perjudicado por el régimen que continuará para la vecina San Juan, está en consonancia con la estrategia del gobierno de Celso Jaque.

El planteo ante la Corte del Ejecutivo de Mendoza busca no sólo la suspensión transitoria, sino que se declare la invalidez total.

La estrategia judicial mendocina fue severamente cuestionada por los representantes de las provincias promocionadas, durante la reunión del martes que tuvo a Catamarca como anfitriona.

En ese encuentro, los referentes gubernamentales y empresarios acordaron, entre otras cosas, solicitar precisiones a la Nación y gestionar nuevos beneficios.