Este viernes, el gobierno dispuso “desafectar” de sus tareas al subcomisario Roberto Carlos Mieres, responsable de la U31 de esa ciudad. Al mismo tiempo, se difundió un crítico comunicado oficial respecto de la “intempestiva presencia” de la organización Zainuco y legisladores provinciales en la U11, de la capital neuquina.

La desafectación del responsable de la unidad zapalina donde estaba alojado Poblete, condenado por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, se comunicó en un escueto comunicado, que dice:

“Ante los acontecimientos referidos a la salida del interno Darío Poblete, se ha resuelto desafectar preventivamente al Subcomisario Roberto Carlos Mieres responsable a la Unidad de Detención Nro.31 de la localidad de Zapala.

Asimismo, se ha dispuesto labrar inmediatas actuaciones administrativas con el objeto de investigar las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder con relación al personal que cumple tareas en dicha unidad”.

En otra comunicación, se hace referencia a “la intempestiva presencia en el día de la fecha de algunos integrantes de la organización Zainuco pretendiendo ingresar a la Unidad de Detención Nº 11 acompañados de un grupo de diputados”, y se afirma que “el régimen de visitas carcelario se encuentra sujeto a reglamentaciones y normativas que derivan de la Ley Nacional 24660”.

“Dicha ley regula el régimen de visitas de las personas privadas de su libertad, garantizando la integridad no solo de los internos sino también de las personas que peticionan el ingreso a la unidad de detención”, sostiene la información oficial.

Enseguida, se desliza un párrafo curiosamente admonitorio: “En consecuencia, toda la ciudadanía, y máxime en el caso de los legisladores, tienen la enorme responsabilidad de respetar las normas legales establecidas por un Estado Constitucional de Derecho”.

En ese contexto, hace referencia al fallo de la Cámara Criminal II, del jueves, que según el gobierno “da muestras claras de esta postura fundando su conclusión en el principio de división de poderes, y estableciendo claramente cuáles son las competencias y responsabilidades de cada uno de los Poderes del Estado”.

Como sostiene el propio gobierno en su comunicado, la Cámara “dispone solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre los mecanismos que garanticen a las distintas ONG, tomar contacto con los privados de libertad en el interior de las unidades de detención ajustándose a las reglamentaciones respectivas”.